La Diputación pagó 757.400 euros a un abogado externo por el proceso penal contra Jabyer

En total, las arcas forales han abonado 5 millones de euros desde 2011 a letrados que no forman parte del Cuerpo de profesionales del Derecho de la Diputación, formado por 15 funcionarios. Al menos, esa es la información que consta en la documentación que la propia Diputación ha remitido grupo juntero del PP, en respuesta a una pregunta presentada en las Juntas Generales por los populares con el objetivo de conocer la cantidad de dinero público que se emplea en este fin.

El gasto anual medio de la Administración territorial por este concepto asciende a un millón de euros. En esta suma se engloban desde pleitos de especial peso, como el de los bonos del ferry (con una minuta de 506.000 euros, en un encargo que se hizo en 2010) o la reclamación de los vecinos por el ruido provocado por el viaducto de Sabino Arana (146.000, también en 2010), al pago de informes jurídicos relacionados, sobre todo, con la contratación, como los pliegos de las nuevas concesiones de Bizkaibus (casi 300.000 euros).

En el caso concreto de la causa impulsada contra Jabyer. La decisión de contratar a Enrique Olaran Bartolomé se tomó en el Consejo de Gobierno del 20 de octubre de 2009, cuando era diputado general José Luis Bilbao. Fue abordado como un asunto de tipo C, es decir, que está fuera del orden del día. El letrado bilbaíno ya había trabajado con anterioridad con la Diputación, al llevar varios pleitos relacionados con la sociedad de capital foral Azpiegitura. Entre 2000 y 2010 percibió 482.529 euros.

Para la pieza penal por el caso Iurbenor, Olaran Bartolomé percibió las siguientes cantidades como previsión de fondos: 60.000 euros en 2010; 100.000 en 2012; otros 120.000 en 2014; y 477.399,57 en abril del año pasado, como liquidación final. En total, 757.400 euros. Una cantidad que sirvió para abonar su presencia en todo el prolongado proceso: desde las diligencias previas abiertas en 2009 hasta la sentencia del Tribunal Supremo, en 2014, y su posterior aplicación en la Sección Sexta de la Audiencia de Bizkaia.

Esta minuta no fue el único gasto en el que incurrió la Diputación con respecto a asuntos relacionados con el hombre de negocios que intentó levantar una planta de casas modulares en Alonsotegi (proyecto Habidite). En los últimos cinco años, las arcas forales han pagado informes y asesorías jurídicas por un importe cercano a los 500.000 euros para hacer frente a las diferentes decisiones tomadas con respecto a este espinoso asunto. El exdiputado general José Luis Bilbao llegó a firmar un convenio con Jabyer Fernández para impulsar la iniciativa. El asunto aún colea en los tribunales.

700 pleitos abiertos

Como la encomienda firmada con Olaran Bartolomé, la Diputación ha adjudicado sin ningún tipo de concurso público su representación en varios procesos judiciales. Un portavoz foral aseguró ayer que el Ejecutivo territorial puede tomar este tipo de decisiones. «Tiene potestad para ello ya que existe un reglamento, regulado mediante un decreto, que así lo permite». Esta normativa estaría basada en el ordenamiento jurídico del Estado.

En cualquier caso, la misma fuente hizo hincapié en que el número de casos que se externalizan «son muy pocos» y «excepcionales». Normalmente se encargan a bufetes especializados porque «son procesos muy específicos, como el tema de los bonos del ferry, que se acabó ganando y en el que las arcas públicas consiguieron 11 millones de euros». Esta portavoz de la institución foral aseguró que, actualmente, la entidad mantiene 700 pleitos abiertos (de todo tipo). «De ellos, sólo hay uno que se está estudiando desde fuera de la casa», insistió. «En los últimos cinco años -insistió-, se han registrado 2.600 casos, de los que sólo una decena se han encomendado a despacho ajenos al área de Asesoría Jurídica de la Diputación».

Con todo, la contratación externa (ya sea por juicios o asesoría) ascendió en este tiempo a cinco millones de euros. El bufete Uría Menéndez fue la mercantil que más dinero facturó a la entidad foral. Sus trabajos ascendieron a 1,5 millones de euros. El segundo puesto de este ránking le corresponde al citado Olaran Bartolomé, mientras que el tercero por volumen de trabajo es el despacho de Guillermo Ibarrondo y del expresidente del Athletic Fernando Lamikiz (590.000). Los siguientes fueron Price Waterhouse Coopers (355.000) y Sanz&Sainz (300.000).