La Diputación suprime ahora las cesantías de los altos cargos

En 2007, la compra de tres lujosos rolex para los diputados salientes Eusebio Melero, Julio Artetxe y Ricardo Barainka destapó la caja de los truenos. Se gastaron 7.500 euros de fondos públicos en la adquisición de aquellas piezas de joyería, que fueron destinadas a premiar la labor realizada por los tres altos cargos. Ezker Batua agitó entonces una fuerte polémica para exigir el final de las cesantías o gratificaciones que percibían los responsables forales al término de su desempeño en la institución. El revuelo hizo que el PNV pusiera fin a la tradición de los regalos caros, una costumbre que procedía de los tiempos de la primera legislatura de la democracia, con José María Macua.

Pese a desaparecer el obsequio del reloj suizo, los exdiputados mantuvieron sus indemnizaciones monetarias al salir de las Juntas Generales. El cese conlleva el cobro de una mensualidad de salario y la parte proporcional de la paga extra, así como el derecho a percibir el 40% del sueldo durante un año, en el caso de encontrarse en la situación de desempleo. Así lo estipula la Norma Foral 4/89.

Ayer, el Consejo de Gobierno de la Diputación, encabezado por Unai Rementeria, aprobó una iniciativa para modificar este precepto y que los diputados salientes no tengan ningún beneficio extra ni diferente al de un trabajador normal y corriente. Una postura que contrasta con el voto contrario que emitió el PNV en junio de 2014 contra una iniciativa similar presentada por Bildu. El ejecutivo instará ahora a las Juntas Generales a que cambien la actual normativa para que los políticos con responsabilidades de gestión y cargos de confianza que dejen la entidad no perciban ni la mensualidad ni tampoco el complemento salarial si están en el paro. La única compensación será el cobro de la prestación por desempleo que legalmente les corresponda, como cualquier otro ciudadano.

El anteproyecto no entrará de manera inmediata en vigor, sino que ahora tendrá que emprender un recorrido legislativo relativamente largo. Dentro de unos meses, los partidos se verán obligados a debatir y votar en consecuencia en la Casa de Juntas de Gernika. En principio, nadie duda de que la decisión adoptada por el Gobierno foral saldrá adelante. Posiblemente por unanimidad, ya que, además del apoyo de los partidos que sustentan el gabinete (PNV-PSE), otras formaciones, como Bildu o el PP, se han mostrado en el pasado a favor de erradicar estos privilegios, mientras que el ideario de Podemos aboga claramente por abolir cualquier beneficio que pueda tener la clase política por el desempeño de sus funciones públicas.

La portavoz foral, Elena Unzueta, que ayer se estrenaba en su cargo, justificó la decisión de acabar con las cesantías de manera clara e inequívoca: «Muestra el compromiso de este Gobierno con la ciudadanía, que exige una mejor gestión del dinero público, bajo los criterios de eficacia, transparencia y buen gobierno, que son pilares fundamentales de esta institución en esta legislatura». Y recordó que se han adoptado otras actuaciones en esta materia, como «el código ético que suscribieron todos los diputados, directores y altos cargos el mismo día de su toma de posesión». Además, la medida -insistió- equipara «por completo» a los responsables forales «con el resto de trabajadores».

Medida simbólica

El fin de las cesantías es una de las promesas que Rementeria realizó en su discurso de investidura. Su eliminación supondrá un pequeño ahorro para las arcas forales, aunque tampoco será algo determinante en una entidad que maneja un presupuesto de 7.553 millones de euros -incluida la gestión propia y los compromisos institucionales-. Se trata de algo más simbólico que efectivo. Es más, no todos los diputados salientes han reclamado su indemnización. Debe ser el político el que lo solicite y ha habido legislaturas en las que algunos de ellos han renunciado a hacerlo.

Queda por aclarar también si la aprobación de la modificación -restan seguramente algunos meses para el final de su tramitación- afecta a los diputados que han dejado la institución este año. A José Luis Bilbao, en principio, no le correspondería compensación alguna, ya que pasó a ocupar otro cargo público pocos días después de dejar la makila foral.