La Diputación dice que la sentencia a favor de Jabyer "no tiene efectos económicos"

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha propinado un varapalo a la Diputación de Bizkaia al fallar en contra de su decisión de incumplir tres convenios sellados con la empresa Habidite para poner en marcha un proyecto de construcción de viviendas modulares. El tribunal ha estimado el recurso interpuesto por la compañía del grupo Afer, propiedad de Jabyer Fernández, al anular y declarar contrario a Derecho un acuerdo adoptado por el Gobierno foral el 17 de julio de 2012 por el que desestimaba una petición de Habidite para que asumiera los compromisos adquiridos.

El proyecto industrial, que la Diputación acogió con entusiasmo en un primer momento y del que se desligó posteriormente, contemplaba la creación de una planta industrial en el municipio vizcaíno de Alonsotegi para la fabricación de viviendas a través de un proceso de producción en serie. La Administración foral pactó con Habidite la cesión de unos terrenos para levantar la factoría y la compra de 1.500 casas. La Comisión Europea declaró "ilegales" esas ayudas en una resolución firmada en junio de 2012. La empresa entendía que esa decisión no podía afectar a las subvenciones al desarrollo tecnológico acordadas, que también fueron anuladas por la institución foral.

El Triibunal Superior ha dado un plazo de diez días a las partes para la recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo. Fuentes de la Diputación han advertido, tras conocer la sentencia, de que la resolución "no es firme" y han añadido que "no tiene consecuencias económicas" para la institución foral ya que, en su opinión, "es un tema meramente formal, de procedimiento".

Sobre Jabyer Fernández pesa una condena de tres años de cárcel, impuesta por la Audiencia de Bizkaia, por un delito de insolvencia punible en relación a la quiebra de la promotora inmobiliaria Iurbenor, perteneciente al grupo Afer. Uno de los principales acreedores de la empresa era la Diputación foral.