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EUROPA PRESS
Lunes, 19 de mayo 2014, 11:11
La Fiscalía vasca ha solicitado 40 años de cárcel y una multa de 300.000 euros para Juan Carlos Aguilar, el falso maestro shaolín, al que acusa de haber cometido dos asesinatos con alevosía. Aguilar mató a Jenny Sofía Rebollo, de nacionalidad colombiana, y a ... Maureen Ada Otuya, de Nigeria, el pasado año en Bilbao.
Según han confirmado fuentes jurídicas, el ministerio público ha pedido al Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao que abra juicio oral, que se celebraría con tribunal de Jurado.
La Fiscalía considera que Juan Carlos Aguilar es autor de dos delitos de "asesinato con alevosía" y pide 20 años de cárcel por cada uno de ellos. Además, solicita la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.
El ministerio público reclama al acusado, asimismo, el pago de 209.800 euros a los familiares de Jenny Rebollo y 77.000 a la madre de Maureen Ada Otuya.
"Sale muy barato acabar con la vida de una joven"
Por su parte, la representación legal de la familia de Maureen Ada Otuya, la ciudadana nigeriana que falleció el 5 de junio tras la brutal paliza que le dio presuntamente Juan José Aguilar, 'el falso monje Shaolín', cree que "sale muy barato acabar con la vida de una joven que intentaba sacar adelante a su familia", en alusión a la petición de la Fiscalía para que se indemnice a los familiares de la víctima con 77.000 euros.
De esta forma, se ha referido al escrito de acusación del ministerio público por el que ha solicitado para Aguilar un total de 40 años de cárcel por dos asesinatos con alevosía, y el pago de indemnizaciones de 209.000 euros a los familiares de Jenny Sofía Rebollo y de 77.000 euros a los de Maureen Ada Otuya.
El abogado José Miguel Fernández ha insistido en que su intención es solicitar, de cara al juicio que se celebre contra el 'falso monje Shaolín', la pena máxima de 25 años por el asesinato de Otuya.
Además, cree que la responsabilidad civil establecida por la Fiscalía es "escasa", ya que, aunque no tenía hijos, sí contribuía con sus ingresos al mantenimiento de su madre y hermanos. Con anterioridad, el abogado de la acusación particular pidió 130.000 euros, por lo que la cifra que reclama el ministerio público le parece "insuficiente".
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