Alucinante

El CSD depende del Ministerio de Cultura y Deportes, y sus presidentes son elegidos por el Gobierno. En la última legislatura, de hecho, ya ha elegido a cuatro. Se trata, por tanto, de un cargo que quema más que algunos banquillos de Primera considerados sillas eléctricas. Lo cual hace inevitable pensar en los tejemanejes políticos que rodean los nombramientos de estos señores. El último es José Manuel Rodríguez Uribes, un caso curioso. Lo digo porque el hombre fue antes ministro de Cultura y Deportes del Gobierno de Pedro Sánchez, en concreto entre 2020 y 2021, y como tal tenía la potestad de proponer al presidente del CSD. Bien es verdad que él lo tuvo más difícil para ejercerla , ya que la propuesta le vino dada. Y es que el Gobierno nombró presidenta del CSD a Irene Lozano, amiga personal de Sánchez y casi coautora de los dos libros del presidente, 'Manual de supervivencia y 'Tierra firme'. En fin, que lo de Rodríguez Uribes ha sido un caso claro de descenso de categoría, de Primera a Segunda, por decirlo en términos futbolísticos.

Que el CSD es un órgano político y sus decisiones, por tanto, también lo son no lo puede negar nadie, salvo que sea un caradura, no tenga dos dedos de frente o reflexione con el estilo hueco de Anderson Luiz de Sousa, alias Deco, el director deportivo del Barcelona, que el miércoles, enfadado, dijo a Jon Uriarte «que se metiera en sus asuntos». ¡Como si el hecho de que a Olmo y Pau Víctor se les permita jugar, en contra del criterio de LaLiga y la Federación, no fuera un asunto que concierne a todos los rivales del Barça; es decir, del mismo club que también va a salirse de rositas de otro asunto gravísimo como el 'caso Negreira'. Por cierto, y a modo de inciso: Joan Laporta, «el feliz saltarín cortamanguista de Yeda», como le definió ayer Alfredo Relaño, fue uno de los más generosos en los 17 años de pagos continuados al vicepresidente de los árbitros.

Que lo ocurrido ha sido algo «alucinante» también está muy bien traído por el presidente rojiblanco. Es un buen adjetivo para expresar esta mezcla de asombro mayúsculo y desconcierto corrosivo que ha provocado la decisión del CSD. Y, especialmente, su argumentación para justificarla. No haberla concedido, dice en su resolución, «causaría un perjuicio económico y deportivo grave para el club y, sobre todo, para los futbolistas. Esto podría dañar también los intereses de la selección española, así como del resto de las competiciones nacionales, incluida LaLiga». Dicho de otra manera más explícita: el Gobierno defiende y promueve el salto de la ley a la torera. Lo digo por seguir hablando en términos deportivos. Y todo por no perjudicar a un club poderoso especialista en saltar burladeros -a uno más modesto le hubieran crujido sin pestañear-, a dos jugadores, a la selección y, en general, a la imagen internacional del fútbol español, que por lo visto brilla metiendo la suciedad debajo de las alfombras. Alucinante.