Cuatro acusados admiten abusos sexuales a los menores tutelados que se prostituyeron

Espaldarazo para las acusaciones. Cuando no se habían cumplido ni dos horas de la primera sesión del 'caso Sansoheta', el proceso judicial a diez adultos por contratar los servicios sexuales de siete menores tutelados por la Diputación de Álava, cuatro reconocieron los hechos ahora bajo la lupa de la Audiencia Provincial de Álava. Admitieron los delitos de abuso sexual y corrupción de menores. A cambio obtuvieron sustanciosas rebajas en sus sentencias condenatorias.

Con cuatro vistas orales aún por celebrarse -acabarán el lunes-, quedan seis encausados por juzgar. Se exponen a peticiones fiscales de entre 15 y 34 y medio años por acordar sesiones sexuales con sus víctimas a través de una web de contactos. Los hechos se sucedieron desde primeros de 2016 hasta enero de 2017. En aquella época, todas las víctimas vivían en el Hogar Sansoheta, un centro foral reservado para jóvenes problemáticos ahora cerrado para reconvertirse en un servicio de atención a personas con discapacidad intelectual.

Como adelantó el domingo este periódico, la primera vista oral arrancó con la ratificación del acuerdo apalabrado el viernes entre tres procesados y las acusaciones. En su caso, se enfrentaban a penas de 29, 15 y 3 años por delitos continuados de corrupción de menor de 16 años y abusos sexuales. Tras proclamar su «profundo arrepentimiento» y pedir «perdón» a las víctimas y a sus familias abandonaron la sala con unas condenas globales de 13, 7 y un año, respectivamente. «He pasado por centros de acogida, he sufrido ataques por mis padres adoptivos. No es excusa. Me doy cuenta del daño que he provocado. He fallado y de corazón me arrepiento», enfatizó uno de ellos.

Uno de los principales sospechosos, un expsicólogo del Ayuntamiento de Vitoria experto en menores desprotegidos, también cambió su estrategia. Aprovechó el primer receso para solicitar un pacto a sus dos abogados. Reunión de urgencia con las acusaciones en una sala contigua y, poco tiempo después, el presidente de la Audiencia, Jesús Poncela, anunció el cuarto trato de la jornada matinal.

Los términos se conocerán mañana en el arranque de la segunda sesión, justo antes de que declaren las siete víctimas a puerta cerrada. El expsicólogo municipal se arriesgaba a 17 años a la sombra y fue el único que ingresó en prisión preventiva cuando se sucedieron las detenciones, hace casi seis años.

El 'caso Sansoheta', destapado por este periódico, abarca un periodo de tiempo de casi un año en el que estos siete chavales -de entre 13 y 17 años- se anunciaron en páginas de contactos. La investigación policial y judicial no constató la presencia de ningún proxeneta. Por un lado, hacían vida normal en el centro de menores y por otro completaban servicios sexuales para «pagarse ropa cara y móviles», refleja el sumario. Fue uno de los primeros casos de esta índole que afloró en España. Luego llegarían Mallorca, Valencia... La Diputación -entonces con la ahora consejera vasca Beatriz Artolazabal (PNV) como titular del departamento de Políticas Sociales- siempre ha defendido que obró correctamente durante aquellos meses.

Tras la sucesión de conformidades, que apuntalan las tesis de las acusaciones, con la fiscal Carmen Cotelo a la cabeza, tocó escuchar a los seis adultos restantes. Les reclaman condenas que van desde los 15 a los 34 años y medio de prisión. Tal y como se preveía, todos negaron conocer la minoría de edad de los adolescentes; seis chicos y una chica. Insistieron en que, al acceder a través de una web para adultos, pensaron en que lo eran. Sin embargo, el más pequeño sólo contaba 13 años y varios meses. «Empecé mirando anuncios de bicicletas y acabé con los contactos», declaró un sospechoso para el que reclaman 23 años.

La investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria constató evidencias de un sinfín de encuentros sexuales en coches, parkings de centros comerciales, habitaciones de pensiones y pisos particulares. Ayer lo ratificaron los procesados, aunque algunos discreparon con el número de citas y rebajaron el número.

En la primera sesión también se cifró el precio que pagaban por los servicios. El sumario estimaba que las tarifas oscilaban entre los 10 y los 400 euros (por un trío). Pero uno de los acusados bajó el listón hasta los cinco. Sobre la edad de la víctima, afirmó «no recordar mucho porque en aquella época me ponía hasta el culo y lo acababa de dejar con la chavala. Me pareció que era joven, pero no menor porque salía en la página (de contactos) y porque él llevaba la iniciativa y cómo se desenvolvía». A este investigado le piden 23 años por un delito continuado de corrupción de menor de 16 años, dos abusos sexuales a menor de 16 años y otro contra la salud pública.

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