La carretera española con más muertos está en Valencia

El estudio, elaborado con datos del año 2013, sitúa este tramo de apenas diez kilómetros como el que mayor riesgo tiene de toda España de los 26 que ostentan este dudoso honor. Se trata del trazado comprendido entre los puntos kilométricos 243,5 y 253,8, donde se han producido 23 accidentes que han dejado ocho muertos y 29 heridos graves. La carretera tiene una intensidad media de 14.231 vehículos al día, superada tan sólo por la N-432 de Granada, con 15.668 coches, que tiene menos siniestros (17).

El último de los accidentes de la N-332 tuvo lugar este sábado. Una persona murió y otras seis resultaron heridas al chocar de manera frontal dos turismos (un Chrysler y un BMW) en el término municipal de Oliva. Este suceso ha puesto de nuevo sobre el mapa la problemática de esta carretera, que todavía sigue sin tener construidas las variantes que evitarían atravesar 11 poblaciones de la costa, entre ellas la propia Oliva, Cullera, Favara, Xeraco o Benissa.

El elevado riesgo de esta carretera podría evitarse con la construcción de la variante Cullera-Favara, una de las carreteras que el Ministerio de Fomento tiene paralizadas en la Valencia y afecta a la continuidad de la autovía A-38 (Valencia-Gandía). Esta variante fue adjudicada en marzo de 2007 por 114,54 millones y los trabajos se paralizaron en 2010, "con los gastos que conlleva de guardería y el deterioro de una obra parcialmente ejecutada y abandonada, con una clara responsabilidad patrimonial de la Administración", según la Cámara de Contratistas de la Comunitat.

Su director-gerente, Manuel Miñés, ha recordado que tan sólo se ejecutó el 12,77% de la obra (unos 14,6 millones del presupuesto asignado) y que los Presupuestos Generales del Estado para 2014 mantenían como fecha de reinicio de los trabajos el año 2017. "Solicitamos que se reinicie ya, tras cuatro años de paralización", reclamó. Una situación similar sucede con la variante de Benissa, paralizada desde 2009 por la rescisión de contrato de la adjudicataria, y "donde sólo falta voluntad política y 15 millones para programar su nueva licitación", según Miñés.