De los "bichitos" a los huesos del caldo y el ébola

Desde los años ochenta hasta hoy, estas han sido las mayores crisis sanitarias del país.

El "bichito" del aceite de colza

Corría el año 1981. Jaime Vaquero tenía ocho años y vivía en Torrejón de Ardoz (Madrid). Un día enfermó y se le diagnosticó una neumonía atípica empeorada por una legionelosis. Una suposición fallida y que acabó con el fallecimiento del niño.

Como él surgieron cientos de casos, multiplicados a velocidad de vértigo, que colapsaron el sistema sanitario. "No hay antídoto", dijo el entonces ministro de Sanidad, Jesús Sancho Rof (UCD). Y era cierto: no sabían contra qué se enfrentaban.

Resultó que la enfermedad de Jaime no era legionela, sino una dolencia producto del consumo de aceite de colza desnaturalizado. Importado desde Francia y con fines industriales, se vendía en garrafas y a bajo precio en mercadillos, sin ningún control sanitario, para ser utilizado en las cocinas. Casi dos meses tardó el Gobierno en detectar el origen.

El síndrome del aceite tóxico dejó un reguero de casi 700 muertos -cifras no oficiales los elevan a 4.000 con el paso del tiempo- y unas 20.000 personas afectadas. Quién lo hubiera imaginado, cuando el mismo Sancho Rof quitaba hierro al asunto en Televisión Española: "Es menos grave que la gripe. Es un bichito del que conocemos su nombre y el primer apellido, nos falta el segundo. Es tan pequeño que, si se cae de la mesa, se mata". Meses después, abandonaba el cargo ante la mayor intoxicación alimentaria que haya sufrido el país.

El escándalo se resolvió con seis responsables de la elaboración y comercialización del aceite condenados y con el propio Estado asumiendo el pago de una indemnización de 3.000 millones de euros.

Aún hoy, unas 17.500 personas viven con secuelas graves, un 10% de ellos con discapacidad permanente. Entre otros síntomas, sufren hipercolesterolemia, hematomas faciales, hipertensión, fatigabilidad precoz, calambres, mialgias, cefaleas, tos seca, ansiedad y problemas de locomoción. En más de una ocasión han reclamado que su indemnización no es suficiente.

Caldo de vaca loca

Con la llegada del nuevo milenio, lo hizo también el mal de las 'vacas locas'. En Gran Bretaña causaba estragos desde hacía quince años, pero en España se detectó el primer caso en una granja de Galicia en noviembre del año 2000. La Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) aparecía cuando se alimentaba a las vacas con piensos que incluían restos orgánicos, lo que les causaba erosiones cerebrales. Al comer la carne de los vacunos enfermos, un humano podía contraer la enfermedad.

Nadie sabía a ciencia cierta qué se podía comer y qué no, o si la carne contaminada llegaba finalmente al mercado. Celia Villalobos (PP), ministra de Sanidad en aquellos años, en un principio lo calificó como "un problema de salud animal" y presumió de tener la situación bajo control. Más tarde, todo lo contrario: "Le digo al ama de casa que no eche huesos de vaca, que ya no se venden, para el caldo, sino de cerdo, que queda igual de bueno".

La Unión Europea adoptó medidas de prevención, como pruebas obligatorias, la retirada del espinazo o la prohibición de las harinas animales para el alimento del ganado. Expertos en veterinaria aseguraron que el riesgo que se vendía no era tal. De nada servía ya, cuando el miedo ya se había metido en el cuerpo. El mercado bovino se hundió un 20% y en 2001 se contabilizaron unas pérdidas de 140.000 millones de las antiguas pesetas.

La oposición y numerosas agrupaciones del sector ganadero pidieron la dimisión de Villalobos por una gestión deficiente y alarmista. Ella contó con el apoyo de su presidente, José María Aznar, y se quedó.

A día de hoy, en España solo se han confirmado cinco casos mortales de humanos por el virus de la EBB.

El veto al aceite de orujo

Un año después de la primera vaca loca española, se detectaron altos niveles de benzopireno -un agente carcinógeno- en varias partidas de aceite de orujo.

Un informe aseguró que los efectos negativos en la salud "podrían ser insignificantes", por lo que los propios fabricantes propusieron una retirada paulatina del producto a lo largo de veinte días. Así se evitaba la alarma social y el sector no salía devastado. Sanidad desoyó la propuesta y, de golpe y porrazo, paralizó el comercio del aceite de orujo en todo el país.

Un mes duró el veto, que provocó unas pérdidas de más de cien millones de euros y un pánico generalizado en una ciudadanía que ya andaba sensible con las reses enfermas.

Una vez más, la oposición y el sector afectado consideraron que la respuesta al problema resultó desproporcionada. Un año después Villalobos era relegada de su cargo.

El desorbitado vaticinio de la gripe aviar

El viernes 7 de julio de 2006 apareció en un humedal del Parque de Salburua (Álava) un somormujo muerto. La gripe aviar llevaba dos años en boca de todos y en los últimos meses se había acercado peligrosamente a Francia. Las sospechas se confirmaron y ese mismo lunes se anunció el primer caso en España.

El Gobierno había cambiado de color político. Los socialistas estaban ahora al mando. Elena Salgado era la ministra responsable de llevar el caso, y no le pilló de improviso. En 2004, tres personas habían fallecido en Indonesia y desde entonces se venía vigilando el virus muy de cerca. Con las primeras muertes en Asia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) vaticinó la dolencia dejaría tras de sí entre 2 y 7,4 millones de víctimas -la ONU las elevaba a entre 5 y 150 millones-.

El Gobierno tenía 450.000 dosis de antivirales en reserva, y ya en 2005 había adquirido cinco millones de vacunas para las aves. Salgado se reunió con los consejeros sanitarios de todas las comunidades autónomas y creó un comité de seguimiento. Transmitió un mensaje de tranquilidad, sin olvidar el peligro de la enfermedad en el caso de que mutara y se propagase entre humanos (hasta el momento solo se transmitía de ave a persona). Del mismo modo, la UE se consideró bien protegida ante el virus aunque "alerta", consciente de la "amenaza".

Efectivamente, no se detectaron más casos en España. Salburua, sin embargo, perdió 20.000 visitantes en un año. La venta de huevos y carne de ave también cayó.

300 millones para la gripe A

Empezó siendo gripe porcina, ya que venía de en un virus mutado del cerdo. Comenzó en México y rápidamente saltó entre naciones. A nivel mundial, pasó a denominarse gripe A o H1N1.

Esta vez el pánico se desató como nunca. En este caso, sin embargo, la alarma vino de más arriba. La OMS convirtió la gripe A en la pandemia del siglo XXI cuando el 11 de junio de 2009 decretó el nivel máximo de alarma. Esto no era indicador de su virulencia, solo de su facilidad de expansión, pero a oídos de la mayoría sonaba a lo contrario. El temor a una avalancha de muertes en todo el mundo y a una parálisis del planeta, con millones y millones de ciudadanos refugiados en sus propios domicilios por el virus maligno y las empresas paralizadas por falta de mano de obra, desencadenó un bombardeo de datos catastróficos y catastrofistas sobre el impacto de la gripe A en vidas humanas y en la economía global.

En España, Trinidad Jiménez ejercía de ministra de Sanidad cuando se gastaron 300 millones de euros en vacunas en un periodo en el que la crisis ya había asomado sus colmillos. La mayoría de ellas jamás llegó a utilizarse; en el País Vasco solo se aplicó un tercio de las 370.000 dosis adquiridas. El resto fueron devueltas. El 10 de agosto de 2010 se decretó el final de la pandemia. Los fallecidos no llegaron a los 19.000 en todo el mundo, mientras que la gripe estacional se cobra entre 250.000 y 500.000 vidas cada año. En España murieron 271 personas, 7 de ellas en Euskadi.

Gracias a las ventas de los antivirales, las farmacéuticas se embolsaron 17.000 millones de euros en beneficios.