La gestión del agua pone a Doñana contra las cuerdas

Los proyectos de almacenaje de gas son el reto más reciente. Una filial de Gas Natural-Fenosa pretende instalar un depósito permanente, catorce nuevos pozos exploratorios y 20 kilómetros de nuevos gaseoductos, además de renovar las infraestructuras ya existentes desde hace décadas. El proyecto cuenta desde hace dos años con el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente, que avala la declaración de impacto ambiental. Pero la Junta de Andalucía rechaza otorgar los permisos al considerar que se troceó el proyecto para su evaluación, sin tener en cuenta el efecto acumulativo.

Ante esa negativa, la compañía reclama una compensación de 358 millones de euros. La UE prefirió, hace unos días, no intervenir en la pugna de competencias, pero recuerda que en cualquier caso debe garantizarse que el proyecto no afecta a la Red Natura 2000 (el espacio europeo de protección del que forma parte Doñana) y respeta la Directiva Hábitats. Pero sin duda, el principal problema al que se enfrenta el parque es la gestión del agua, vital para la supervivencia de Doñana. De hecho, la reunión anual del comité Patrimonio de la Humanidad de Unesco del pasado verano reiteró su preocupación por la «ausencia de un plan de acción para hacer frente a niveles insosteniblemente altos de extracción de agua», que provoca el agotamiento progresivo del acuífero del que depende Doñana, y pidió medidas contundentes y reales para «combatir el uso ilegal del agua». Estas serán comprobadas in situ en unos días por una misión.

El «robo» de agua es un problema recurrente en Doñana que las asociaciones ecologistas denuncian desde comienzos de los 90. Según los datos de WWF, en los últimos 30 años los aportes del acuífero al arroyo de La Rocina, una de las principales fuentes de agua del parque, han descendido en un 50%. Y en la mitad de las explotaciones agrícolas situadas en el entorno del parque, el agua utilizada es de procedencia ilegal, es decir, sin autorización. La asociación asegura que ,existen más de un millar de pozos ilegales que nutren, en su mayoría, los cultivos de fresas y arándanos que hacen de esta comarca de Huelva uno de los principales productores nacionales.

Pero la gestión del agua «se le ha escapado de las manos a las administraciones», remarca el coordinador de WWF en Doñana, Felipe Fuentelsaz, quien recuerda que muchas veces las denuncias sobre la existencia de estos pozos caen en el olvido.

Ordenación del regadío

Por falta de voluntad, o lentitud burocrática, las denuncias ante las dos instituciones competentes (la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Ejecutivo regional) se ignoran, y los pozos no se cierran. Desde la Junta de Andalucía niegan este extremo y aseguran que «todas las denuncias se tramitan». Mientras, desde la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva reconocen que el proceso de cierre de pozos se activó después de la denuncia de WWF. También, que numerosos cierres ordenados por los juzgados han sido recurridos por los regantes.

La situación es de tal gravedad que la Comisión Europea abrió, el pasado mes de diciembre, un procedimiento de infracción contra España por el mal estado del acuífero y su sobreexplotación. El expediente, iniciado precisamente a raíz de la queja que la asociación WWF presentó en 2010 y los conservacionistas han ido actualizando continuamente, concluye que hay indicios suficientes de la vulneración, al menos, de dos normativas europeas: Habitat y Marco del Agua (que fija en el año 2015 el horizonte para lograr el buen estado cuantitativo y químico de los acuíferos). Por ello pide a España que complete la información sobre los trasvases de agua desde el Guadalquivir y el plan regional de ordenación del regadío, aprobado el pasado mes con un retraso de siete años.

Este plan consolida más de 9.000 hectáreas de cultivo, «pero la mitad de ellas sigue sin tener derecho a agua», subraya Fuentelsaz, que no duda que algunas de las fincas recogidas en el nuevo planeamiento tengan sanciones por el uso ilegal del agua.

El plan, en cualquier caso, no termina de contentar a nadie y, mientras, la tensión sigue subiendo. En noviembre, varios agentes fluviales que buscan pozos ilegales fueron retenidos por un grupo de agricultores que los amenazaron e insultaron. El caso está ahora en manos de la Guardia Civil, justo coincidiendo con la visita de la Unesco.

Los conservacionistas interpretan este expediente de la Comisión Europea como un mensaje «claro» sobre la ineficacia de ambas iniciativas para solucionar el problema y la necesidad de adoptar medidas más efectivas para mejorar el estado del acuífero de Doñana. Y recuerdan que, por ejemplo, las recomendaciones del Marco del Agua inciden en la gestión de la demanda de líquido, con medidas de estímulo del ahorro y control de prácticas ilegales, algo que «nunca» ha ocurrido en el parque andaluz.