El Gobierno del PP en Extremadura recoge una ley para la financiación del cambio de sexo

El proyecto de esta Ley ha sido registrado este jueves en el Parlamento regional, y se espera que, tras su tramitación parlamentaria, esté definitivamente aprobada antes de que termine la legislatura el próximo mes de mayo, dando así cumplimiento a una reivindicación "histórica" del colectivo en los últimos 20 años.

La consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María de los Angeles Muñoz, acompañada por los responsables de la Fundación Triángulo, José María Núñez, y de Extremadura Entiende, Marisa González, ha presentado posteriormente en rueda de prensa los detalles de la nueva Ley. Así, además de recoger las reivindicaciones del colectivo, sus representantes consideran que se convertirá en la norma de protección social más avanzada de todo el país en materia de igualdad y de no discriminación por razón de orientación sexual o de identidad de género.

En este sentido, Muñoz ha detallado que la norma contempla, además, medidas de protección contra la violencia intragénero, que por primera vez se reconoce, y que incluye las mismas ayudas económicas que ya perciben las víctimas de la violencia de género en parejas heterosexuales, con el fin de propiciar su independencia económica.

No discriminación

La Ley también recoge la creación de un Observatorio de lucha contra homofobia y la transfobia, protocolos policiales, formación de los empleados públicos (sanitarios, educadores, funcionarios, etc) para evitar la discriminación de miembros del colectivo en su relación con la administración, e incluso establece un régimen de infracciones y sanciones contra la discriminación que contempla multas económicas por un importe máximo de 45.000 euros.

Según ha explicado el representante de la Fundación Triángulo, José María Núñez, la ley es "histórica" en tanto que reconoce el derecho a la "igualdad plena y efectiva" y a la no discriminación de ningún ciudadano por razón de su orientación sexual o de su identidad de género.

Asimismo, y tras señalar que recoge "el 99 por ciento" de las reivindicaciones del colectivo, ha apuntado que es la ley "avanzada del país", superando a las de Cataluña y Andalucía, debido al nivel de reconocimiento de derechos. Nuñez ha explicado que si bien algunas de estas prestaciones, como es la reproducción asistida en madres lesbianas, o el protocolo sanitario para llevar a cabo el cambio de sexo ya se venían prestando gratuitamente por la sanidad extremeña, ahora está reconocido por ley como un derecho.

La consejera extremeña también ha calificado de "histórica" esta ley por incorporar las demandas de un colectivo que llevaba "tanto tiempo esperando que la Administración diera respuesta a la necesidad de protección de sus derechos, a la igualdad y a la no discriminación".

Atención pública sanitaria

Sobre las medidas referidas al ámbito de la Salud, ha explicado que se establece un protocolo de transexualidad que va a garantizar que "todas las personas transexuales tengan la atención necesaria para poder hacer realidad esa necesidad de identificar su cuerpo con el género sentido", todo ello con financiación pública, a cargo del Servicio Extremeño de Salud.

Asimismo, se dará cumplimiento al compromiso adquirido en este sentido por el presidente extremeño, José Antonio Monago en relación a no discriminar a las lesbianas en los programas de reproducción asistida, como así ha ocurrido a nivel nacional.

Y también se dará hará efectivo el compromiso de establecer medidas de protección a las víctimas de la violencia, ya sea física o psicológica, a cargo de sus parejas, sin importar el género.

Núñez ha destacado asimismo que se define el acoso a Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales como un "delito de odio", y que, entre otras cuestiones, contempla la presentación de la Administración como acusación en un proceso jurídico contra el agresor y el acompañamiento a la víctima con medidas de apoyo jurídico, social y económico, así como protege también a sus familiares.

En cuanto a las sanciones económicas reflejadas, la consejera ha señalado que se estipularán en 'leves' de hasta 3.000 euros, 'graves' de hasta 20.000, y 'muy graves', con un máximo de 45.000 euros. No obstante, ha indicado hasta que finalice el trámite parlamentario, en el que se espera recibir las aportaciones de grupos políticos y colectivos sociales, no se detallarán las acciones discriminatorias susceptibles de estas sanciones.