Isabel Ibáñez
Jueves, 4 de diciembre 2014, 01:01
Como en una mala película de premoniciones, el 15 de febrero de 2011, sólo tres semanas antes de que ocurriese la tragedia de Fukushima (11 de marzo), 16 activistas de Greenpeace y un fotógrafo independiente conseguían burlar las medidas de seguridad y colarse en la ... central de Cofrentes (Valencia), en activo desde hace justo 40 años, la vida útil pensada en principio para este tipo de plantas. Buscaban llamar la atención para impedir que prorrogasen su actividad, pero su objetivo resultó fallido puesto que el Gobierno renovó su licencia hasta 2021. Una vez dentro, se colgaron de una de las torres de refrigeración para desplegar unas pancartas y hacer una enorme pintada donde podía leerse Peligro Nuclear. Hoy comienza el juicio contra estas personas, para las que piden dos años y ocho meses de cárcel por delitos de desorden público, daños y lesiones (uno de los guardas resultó herido de forma leve con la radial que emplearon los activistas para cortar la valla). La acusación, integrada por Iberdrola y la empresa de seguridad, solicita además que la ONG pague multas por valor de unos 360.000 euros. Es la primera vez que esta organización medioambiental afronta una pena de prisión tan elevada.
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En Greenpeace llevamos a cabo acciones de protesta pacíficas -explican en la ONG-. Nuestros activistas son personas que creen que sólo hay un planeta y que hay que defenderlo. Son personas, ni héroes ni heroínas, tienen miedo, nervios, sufren, tienen familia, amigas y amigos y quieren lo mejor, no para ellos, sino lo mejor para todas: un planeta sano. En un momento social en el que la protesta pacífica está en tela de juicio, recordamos que el artículo 45 de la Constitución establece el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, y eso es lo que hace Greenpeace y lo que hicieron ese día esas 17 personas. La acusación niega, sin embargo, este carácter pacífico que la ONG defiende para todas sus acciones y califican los hechos de aquella jornada de violentos. Según el parte médico, el agente sufrió una herida sucia de 7, 5 centímetros de longitud que no necesitó puntos.
En este vídeo, tres de los acusados explican cómo se desarrolló la acción por la que son juzgados desde hoy y el porqué de su lucha. Aparecen Marcelí, de 52 años, un trabajador autónomo de Barcelona que sueña con un mundo mejor y más justo; Sonia, trabajadora social zaragozana de 39 que se imagina un mundo con un 100% de energías renovables; y Helena, psicóloga murciana de 34 años, a la que le gustaría un mundo sostenible y más respetuoso.
Hasta Valencia se ha acercado para apoyarles el Arctic Sunrise, recién llegado de Canarias, donde estuvo protestando por las prospecciones iniciadas allí por la compañía Repsol. El ya mítico barco de Greenpeace estuvo retenido ocho días en Lanzarote a causa del incidente en el que las lanchas de los ecologistas fueron embestidas por las de la Armada por no respetar la zona de exclusión alrededor de la embarcación de la compañía petrolífera, un encontronazo que se salgó con una activista hospitalizada. En junio, el Artic Sunrise era liberado por el Gobierno ruso, que lo tenía retenido desde septiembre del año pasado por el asalto de 30 ecologistas a la plataforma petrolífera de Gazprom. Se les denominó Los 30 del Ártico, y pasaron casi tres meses en la cárcel bajo una acusación de piratería por la que les pedían 15 años. La amnistía que el presidente Putin decretó para presos políticos les puso al fin en la calle.
Una vez más, Greenpeace ha ideado una manera de mostrar apoyo a los activistas a los que se empieza a juzgar hoy en Valencia: Coge un bolígrafo, píntate un 17 en la palma de la mano, hazte una foto, un selfie o una imagen de grupo, cuélgala en las redes sociales con la etiqueta #Cofrentes17#Misión45 e invita a tus amigos a apoyar esta campaña.
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