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Martes, 3 de junio 2014, 00:30
El Ararteko ha reclamado una estrategia para hacer frente a la pobreza infantil en Euskadi, un fenómeno creciente por el impacto y la persistencia de la crisis económica. Ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento vasco, Íñigo Lamarca pidió ayer ... un plan de actuación que incluya apoyos a familias con escasos recursos y el refuerzo de las políticas compensatorias.
El Defensor del pueblo vasco recordó ante los miembros de la comisión los datos relativos a la actividad de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia, correspondientes a 2013, en el que ya se ponía de manifiesto un aumento de los menores con una dieta pobre o poco equilibrada en Euskadi, situación en la que podrían encontrarse 16.000 niños vascos. Según este informe, una de cada cuatro familias pobres (26%) no accede a las ayudas sociales al no cumplir alguno de los requisitos y el 43% se ve incapaz de remontar la situación de pobreza porque los recursos que recibe son insuficientes.
Lamarca transmitió a los parlamentarios la necesidad de intervenir cuanto antes con estas familias dado que las desigualdades que se dan en los primeros años de vida se mantienen en la edad adulta. También advirtió de que la crisis económica «afecta antes y de forma más duradera» a colectivos en desventaja social.
Prácticas bancarias
Tras insistir en la necesidad de que las instituciones públicas creen un plan que ataje las carencias del colectivo más desprotegido y vulnerable ante la crisis, los niños, el Ararteko hizo un somero repaso a las conclusiones generales del informe correspondiente a 2013. Durante el pasado ejercicio, los ciudadanos vascos presentaron 9.610 quejas, un 15% más que el año anterior. Más de la mitad de los expedientes tuvieron relación con los derechos sociales referidos a la educación, la sanidad, la inclusión social y la vivienda.
Lamarca también destacó el aumento de las situaciones de «vulnerabilidad y desprotección derivadas de la adquisición de productos y servicios bancarios», así como de prácticas que están provocando «efectos no controlados y de gran incidencia en la vida familiar», como las ejecuciones hipotecarias.
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