De Miguel alega que no hay «ni una sola prueba de que me haya enriquecido»

Según la Fiscalía Provincial de Álava, el también exdiputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial habría creado un «entramado societario» en el que estarían vinculadas otras 25 personas, muchas de ellas exaltos cargos, militantes y fontaneros del partido nacionalista. El fiscal, que investiga la que está considerada mayor red de corrupción destapada hasta ahora en Euskadi, acusa a De Miguel de valerse de sus responsabilidades institucionales y políticas «para obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas». Por ello le pide también casi 15 millones de euros en multas, 25 millones de fianza y más de 140 años de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos.

Después de que el fiscal anunciara sus peticiones de condena, Alfredo de Miguel difundió ayer sus primeras impresiones a través de un comunicado enviado a la agencia Efe. El exsecretario general del Araba buru batzar negó la mayor al asegurar que no hay pruebas que avalen su enriquecimiento personal ni el de terceras personas o entidades, «núcleo esencial del discurso empleado por Fiscalía». «Si se acusa de haber formado una trama para cobrar comisiones ilegales, lo mínimo es señalar dónde está el dinero supuestamente recaudado y a favor de quién», advirtió.

El fiscal jefe, Josu Izaguirre, le considera el presunto cabecilla de una trama de cobro de comisiones ilegales y le acusa de 27 delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. En esta causa ha solicitado también la apertura de juicio contra un total de 26 personas, entre ellas, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, también exmiembros del PNV alavés, para quienes pide 32 años de cárcel. Izaguirre sostiene que De Miguel contó con la «ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados», algunos de los cuales «también tenían responsabilidades políticas».

Alfredo de Miguel denunció ayer «infracciones procesales y vulneración de derechos en el proceso», y censuró al propio fiscal por haber elaborado el escrito de acusación «más pensando en la opinión pública» que en el tribunal que tendrá que valorar en su momento los hechos, «confrontándolo con los escritos de defensa bajo las reglas de la carga de la prueba». El ex número dos de los jeltzales en Álava, considerado un hombre clave en la interlocución de su partido en el territorio antes de su detención en 2010, se quejó de la difusión del escrito de la Fiscalía. Dijo que tuvieron conocimiento de las peticiones de condena «antes los medios de comunicación que buena parte de los abogados y procuradores».

«Deformar la realidad»

De Miguel cuestionó de plano el relato de los hechos construido sobre uno de los mayores escándalos asociado a la corrupción política en Euskadi y en el que él figura como su supuesto ideólogo. «Lamentablemente no es difícil fabular ni es tampoco complejo construir relatos a base de deformar la realidad de las cosas -aunque se incurran en contradicciones- y apartar todo lo que no conviene al redactor -como sería el caso del conjunto de documentos y datos aportados por las defensas- para acomodar todo ello a la historia que se tiene preconcebida», explicó el exdiputado de Urbanismo en su comunicado oficial.

El exdirigente del PNV manifestó que pronto llegará el turno de las defensas y posteriormente el juicio, donde «a nada que se respeten las garantías y reglas del proceso penal» se verá «quién elucubra y quién no, quién no ha actuado conforme a la legalidad y quién sí, quién deberá responder de sus actos y quién no».

El exdiputado foral se mostró esperanzado en superar las acusaciones que pesan sobre él y que han llevado a la Fiscalía Provincia de Álava a proponer una pena ejemplarizante al pedir 54 años y 11 meses de prisión para él. «Deseo reafirmar mi absoluta inocencia de todos los hechos de los que se me acusa, y mi voluntad decidida para defenderme en sede judicial», declaró Alfredo de Miguel.