europa press
Lunes, 23 de febrero 2015, 14:26
La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía de Alava por diversos presuntos delitos e irregularidades en el fallido proyecto de coche eléctrico 'Hiriko', un proyecto que nació fuertemente vinculado al PNV. La querella ... del Fiscal-jefe de Vitoria, Josu Izagirre, se dirigía contra seis empresarios y la asociación Afipaida. Sin "experiencia ni infraestructura en la fabricación de automóviles", según el defensor púbico, idearon un plan para apropiarse de fondos públicos "en su propio beneficio".
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El Ministerio público considera que, con el pretexto de poner en marcha el proyecto denominado 'Hiriko' crearon un entramado societario para que, si éste resultaba exitoso, todos los beneficios revirtieran sobre ellos, y si era un fracaso, las administraciones que lo financiaban prácticamente en exclusiva, "no podrían recuperar los fondos invertidos". Los promotores lograron 2,7 millones de euros del Gobierno vasco y una cantidad muy superior, cercana a los 15 millones de euros, del Gobierno de España. Esta última fue negociada por el PNV en el Congreso a cambio de dar estabilidad al entonces cuestionado gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La juez ha decidido admitir a trámite la querella, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, en la que Josu Izagirre aprecia posibles delitos en el uso que varios responsables de 'Hiriko' dieron a los cerca de 18 millones de euros en ayudas públicas que recibió este proyecto.
En su escrito, el fiscal apunta a Jesús María Pancracio Echave (un empresario vinculado el PNV), Fernando Achaerandio, Francisco Javier Calera, Iñigo Antia (exconcejal del PNV de Vitoria), José Luis Bengoechea y José Barreira, y la asociación Afipaida. La querella se dirige también "contra las personas físicas y jurídicas a las que se pudiera imputar responsabilidad penal a lo largo de la investigación judicial". El ministerio público considera que se podrían haber cometido delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
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