Los acusados por el fiscal en el 'caso Hiriko' crearon "un plan para apropiarse de fondos públicos"

Hiriko, al igual que otro fiasco automovilístico vasco, Epsilon, nació fuertemente vinculado al PNV. De hecho, la concesión de un fuerte impulso económico desde el Gobierno de España, de 15 millones de euros, llegó de la mano de un acuerdo previo con Zapatero para que los jeltzales apoyaran al Ejecutivo del expresidente socialista en el Congreso. El propio PNV le concedió 2,7 millones desde el Gobierno vasco de Ibarretxe. A su vanguardia también se colocaron personas vinculadas a la formación nacionalista, destacando el papel del empresario Jesús Echave (anteriormente representante del PNV en el consejo de Kutxabank), que se embolsó más de 300.000 euros por el alquiler de unas oficinas de su propiedad al proyecto. Además, se benefició de otra cantidad similar por acondicionar la citada lonja.

En la dirección de la empresa Denokinn, que se embolsó 3,5 millones de euros simplemente por el plan de negocio y la coordinación, aparecían asimismo cargos del partido como Luis Miguel Macías, exviceconsejero de Pesca con Gerenabarrena. Y llamó la atención, por ejemplo, la contratación de un exdirectivo de Mercedes como Armando Gaspar por 26.000 euros mensuales. Iñigo Antía, presente en la lista de querellados por el fiscal, fue concejal del PNV en Vitoria y está ligado al sector del expresidente del ABB Iñaki Gerenabarrena.

En el escrito, Izagirre formula la querella criminal por seis delitos: Malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Los querellados son Jesús María Pancracio Echave, Fernando Achaerandio, Francisco Javier Calera, Iñigo Antia (exconcejal del PNV en Vitoria), José Luis Bengoechea y José Barreira, la asociación Afipaida. La querella se dirige también "contra las personas físicas y jurídicas a las que se pudiera imputar responsabilidad penal a lo largo de la investigación judicial".

El escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria , señala que los querellados, "sin experiencia, conocimiento ni infraestructura alguna para el diseño y fabricación de automóviles, idearon un plan para, con el pretexto de poner en marcha un proyecto para la construcción de un vehículo eléctrico y que iba a ser sufragado en su práctica totalidad con cargo a fondos públicos, conseguir distraer parte de dichos fondos en su propio beneficio o de aquellas personas físicas o jurídicas que ellos decidiesen". El proyecto se denominó Hiriko.

Entramado societario

El ministerio público destaca que, para la ejecución de este plan, "idearon, en primer lugar, la creación de un entramado societario que lo facilitase y que fueron posteriormente modificando conforme a las necesidades que surgían en su desarrollo".

En este sentido, explica que la configuración y vicisitudes de dicho entramado societario respondían también a "otro propósito", de forma que, en caso de que el proyecto resultase "exitoso, todos los beneficios revertirían en los querellados o las personas físicas o jurídicas que ellos decidieran".

"En caso de que el proyecto resultase un fracaso, las administraciones públicas, que financiaban prácticamente en exclusiva el proyecto, no podrían recuperar los fondos invertidos", asegura. Previamente a todo eso, los querellados, según el escrito, constituyeron varias sociedades mercantiles que, "con posterioridad, tuvieron relación con los hechos objeto de la presente querella".