ANTTON IPARRAGUIRRE
Domingo, 9 de noviembre 2014, 01:52
La corrupción política es, en términos generales, el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. ¿Es un mal endémico de la política? ¿Se trata de un problema de personas o de partidos? ¿Qué supone para el ... buen funcionamiento del sistema democrático? ¿Cómo afecta a la sociedad? Un juez de la Audiencia Nacional, un exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un profesor de Ciencia Política y un filósofo ofrecen sus recetas para combatir esta lacra que sacude cada vez más a la clase política y provoca una creciente desafección e indignación de los ciudadanos hacia sus representantes.
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1. ¿Cuál es su receta para combatir la corrupción desde el punto de vista jurídico?
Una Justicia pronta y eficaz que pueda dar respuesta a las demandas de la ciudadanía frente a la corrupción y los corruptos. No solo la Fiscalía, también los tribunales, lo mismo la Audiencia Nacional que las audiencias provinciales o los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Lo que caracteriza a los asuntos de corrupción es su complejidad, lo mismo por sus dificultades técnicas que por lo prolijos que son, por lo que requieren de gran dedicación por parte de todos los operadores que intervienen en ellos: fiscales, jueces de instrucción, jueces de enjuiciamiento, secretarios, funcionarios, pero no solo de la judicatura, también policiales. La Justicia debe contar con las herramientas legales, pero también con los medios materiales y humanos.
Es imprescindible, asimismo, tener en cuenta que es la Policía la que investiga en primer término y requiere actuar de forma independiente y con medios materiales y humanos. Una policía judicial bien formada, bien dirigida por sus mandos orgánicos y por jueces y fiscales competentes e igualmente bien formados, al servicio de la ciudadanía y no exclusivamente de los intereses del Ejecutivo, que cuente con los medios necesarios, es indispensable para dar una respuesta judicial eficaz contra la corrupción.
2. ¿Cómo se puede acabar con las corruptelas desde el punto de vista político?
Con una legislación tendente a evitar la corrupción y a propiciar la limpieza y transparencia en la actividad pública, en la política y economía vinculada con lo público. Se ha evidenciado que la corrupción es un problema que es necesario atajar y para ello es necesario un marco legal sólido y cerrado que impida la corrupción, con leyes que tengan claros principios, tales como la transparencia, el control, la rendición de cuentas, que no dejen margen alguno a la opacidad, el descontrol o la impunidad. No solo leyes que obliguen a actuar de determinada manera, también normas de control y de responsabilidad, como también la creación de instituciones o fortalecer las existentes. Me refiero a agencias antifraude o de la fiscalía anticorrupción, dándoles un carácter de instituciones plenamente independientes del ejecutivo, con amplios poderes de control, supervisión y en su caso de promoción de la acción penal, como también de medios materiales y humanos suficientes para actuar y poner en marcha las herramientas legales. La legislación penal tiene que mejorar y ser mucho mas eficaz, castigando no solo las conductas de corrupción, también las de la utilización, aprovechamiento o blanqueo de los beneficios de la corrupción, estableciendo además de penas convencionales, medidas de confiscación de bienes, y de recuperación de activos financieros, con creación de oficinas o agencias encargadas de hacerlo.
3. ¿Cuál es la solución desde el punto de vista ético?
Me parece imprescindible una recuperación ética de la sociedad, a todos los niveles: vida política, actividad económica pública y privada, gestión de asuntos públicos...
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En una sociedad del éxito y la apariencia como la nuestra, la ética y los valores parece que no están de moda, no son en absoluto tenidos en cuenta e incluso parece que son despreciados. Es por ello imprescindible reintroducir en nuestra vida cotidiana el sentido de la ética, pero ni siquiera de una ética de máximos, sino de mínimos, de principios, de líneas éticas infranqueables. Este es un tema cultural y en gran medida educacional, pero para ello es imprescindible que la sociedad perciba que la corrupción no está recompensada con el éxito. Son necesarias leyes que establezcan un mensaje claro y que además se apliquen eficazmente y que se perciba que existe desde la Justicia una respuesta pronta y eficaz. Los ciudadanos también tienen que saber distinguir. También les corresponde a ellos que la corrupción no quede políticamente impune, que la corrupción política y la económica conectada con la política tengan una respuesta inmediata en las urnas, pero que también reciba otras respuestas de censura por parte de la ciudadanía a la hora de que ésta ejerza otras manifestaciones informales de la política, mediante boicots, protestas, manifestaciones que evidencien a los actores de la política que su comportamiento corrupto es percibido negativamente por la ciudadanía y tiene respuesta.
1. ¿Cuál es su receta para combatir la corrupción desde el punto de vista jurídico?
A partir de las leyes y medios existentes en la actualidad es posible que los juzgados sean más rigurosos en las primeras actuaciones de instrucción. Una mayor prontitud en las primeras diligencias de intervenciones telefónicas y de entrada y registro, dotaría de mayor contundencia, sorpresa y eficacia al momento procesal de reunión de pruebas. Una mayor severidad en la adopción de medidas cautelares ayudaría a estos fines, y evitaría la evidente intromisión de los sospechosos en el curso de las investigaciones, si siguen en libertad. Además, sería conveniente una mayor disciplina evitando recursos con el único fin de obstruir o dilatar el proceso, con clara mala fe procesal, evitables con la ley vigente. Y también sería conveniente una mayor celeridad de las audiencias, tribunales superiores y Tribunal Supremo, en la resolución de recursos. Todo ello contribuiría a evitar procesos que duran más de diez años, en casos complejos de corrupción y similares, que generan en la población una sensación creciente de impotencia ante la corrupción.
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2. ¿Cómo se puede acabar con las corruptelas desde el punto de vista político?
Es necesaria una voluntad política concertada para la dotación de medios materiales, institucionales y humanos (jueces, fiscales, policías, inspectores, funcionarios, etc.), suficientes, especializados e independientes. Hoy la insuficiencia es clamorosa, en cantidad, en especialización, y a veces, en independencia. Las reformas legislativas, procesales y penales son urgentes e inaplazables.
Todos los partidos políticos deberían tener un código ético (la mayoría ya lo tienen), en que se establecieran normas frente a la corrupción. Deberían hacer públicas estas normas, y las actuaciones y debates que fueran consecuencia de acontecimientos relacionados con corrupción (presunta) de sus miembros. El posible reproche moral de los ciudadanos sería un acicate para fomentar exigencias éticas transparentes de los partidos políticos.
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1. ¿Cuál es su receta para combatir la corrupción desde el punto de vista jurídico?
Es necesario un reforzamiento de la autonomía de jueces y fiscales cuando se enfrentan a casos de corrupción, junto con dos cosas más: un sistema de sanciones más disuasorio para estos delitos (incluyendo, como en Dinamarca y muchos otros países, la inhabilitación a perpetuidad para todo cargo público) y un derecho procesal penal que agilice las investigaciones y no dé tantos mecanismos de obstrucción a las defensas.
2. ¿Cómo se puede acabar con las corruptelas desde el punto de vista político?
En un contexto de enorme desafección y desconfianza como el que vivimos desde hace unos años, y que no deja de alcanzar cotas peores cada día, sólo cabe una estrategia para luchar contra la corrupción y recuperar poco a poco la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos. Se trata de mandar una señal tremendamente clara e inequívoca de que las reglas de juego han cambiado. Esto implica toda una batería de medidas en todos los planos (y no sólo el legislativo como tendemos a hacer siempre) para construir unas instituciones político-administrativas que funcionen con imparcialidad y no puedan manejarse como si fueran un patrimonio de los partidos que las dirigen y unos órganos de supervisión de estas administraciones que sean verdaderamente independientes de los partidos. Las reglas de la imparcialidad y la supervisión efectiva deberían gobernar especialmente todas aquellas áreas que han estado particularmente expuestas a la corrupción: financiación de partidos, contratación pública de obras y servicios, distribución de subvenciones, empleo público, etc.
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3. ¿Cuál es la solución desde el punto de vista ético?
La respuesta moral pasa por una mayor educación cívica que desarrolle en todos nosotros un sentido de lo público que nos permita aproximarnos a los problemas sociales, teniendo en cuenta el punto de vista de la colectividad además del nuestro propio.
1. ¿Cuál es su receta para combatir la corrupción desde el punto de vista jurídico?
Tanto el hecho, inequívocamente negativo, de que muchos procesos se eternicen en los juzgados, como el positivo de que la justicia haya tenido últimamente un eficaz protagonismo a la hora de destapar tramas de corrupción de sectores poderosos, hacen evidente la imperiosa necesidad de dotarla de más medios. Junto a eso, también es la experiencia acumulada la que nos indica la necesidad de nuevas y más eficaces leyes que penalicen la corrupción y obliguen a los políticos corruptos, en el caso de los delitos económicos, a restituir la riqueza obtenida.
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2. ¿Cómo se puede acabar con las corruptelas desde el punto de vista político?
Uno de los elementos que más parece haber propiciado la corrupción en nuestro país ha sido el escaso control de los vínculos que mantienen los responsables políticos con empresas y grandes corporaciones, vínculos que se manifiestan con especial obscenidad en las llamadas «puertas giratorias», que con frecuencia son percibidas por la ciudadanía como devolución de fvores prestados, cuando no de tráfico de influencias.
Junto a esto, el hecho de que hasta ahora prácticamente en ningún caso (o, si lo ha habido, entraría en el capítulo de lo meramente testimonial) la denuncia de casos de corrupción haya partido de las propias formaciones políticas estaría indicando no sólo la inexistencia de automatismos para el control de los corruptos sino, peor todavía, una inquietante tendencia a protegerlos corporativamente.
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Por último, pueden considerarse, asimismo, formas de corrupción la existencia de múltiples organismos consultivos, en los distintos niveles de la Administración, que en la práctica cumplen la función de retiro dorado, apacible y muy bien remunerado (incluso por encima de los niveles máximos de remuneración de los funcionarios más cualificados) para políticos en excedencia o jubilados.
3. ¿Cuál es la solución desde el punto de vista ético?
Este es un ámbito que no puede desdeñarse porque, en gran medida, constituye el caldo de cultivo para la corrupción. Sería una muestra de escándalo farisaico flagrante no tener en cuenta que, en muchísimos casos, el político corrupto lo es porque cede ante las prácticas de alguien que desde fuera de la política le propone dejarse corromper. Exculpar a quienes se han enriquecido de esta manera intentando presentarlos como víctimas del chantaje de los primeros sería no ya fariseísmo, sino cinismo de la peor especie.
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No cabe llamarse a engaño al respecto: por razones que probablemente nos distraerían del eje de nuestra argumentación, amplios sectores de nuestra sociedad han venido siendo muy indulgentes con la corrupción, sobre todo en épocas de bonanza económica. Han sido el final de las llamadas «vacas gordas» y el inicio de una crisis económica de extremada dureza, que ha golpeado a la práctica totalidad de las clases medias y trabajadoras, las que parecen haber despertado la indignación ante la corrupción en esos mismos sectores. Solo así se entiende que, hasta ese momento, partidos y personajes inequívocamente corruptos obtuvieran un respaldo electoral masivo por parte de la ciudadanía, que avalaba su permanencia en los cargos, en muchos casos incluso con holgadas mayorías absolutas.
En ningún caso pretendo convertir la corrupción en una fatalidad o en un destino inexorables. Solo pretendo advertir sobre una engañosa manera de combatirla fundamentalmente sobreactuada. Se reconoce a quienes actúan de dicha manera por el hecho de que consideran que la corrupción es siempre la de los otros y, en el caso de que se dé entre los suyos, solo aceptan valorarla como completamente excepcional. Esto constituye el más claro indicio de que la corrupción como tal no les importa gran cosa.
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