La Casa del Rey expresa su «respeto absoluto a la independencia judicial»

La Casa del Rey ha expresado su "respeto absoluto a la independencia judicial" tras conocer la decisión de la Audiencia Provincial de Palma de mantener la imputación de la infanta Cristina por dos delitos fiscales, pero retirar la que tenía en relación con otro delito de blanqueo de capitales.

Esta ha sido la única reacción de Zarzuela, facilitada esta tarde a través de un portavoz, a la imputación de la hermana del Rey, que desde la abdicación de su padre, Juan Carlos I, y la proclamación de Felipe VI, ya no forma parte de la Familia Real. Sobre la posibilidad de que la hija menor de don Juan Carlos deba o no renunciar a sus derechos dinásticos, la Casa Real se limita a recordar, en consonancia con la posición expuesta hoy por el Gobierno, que se trata de una "decisión personal" de doña Cristina.

Esta mañana, el rey Felipe VI ha evitado contestar a la prensa cuando se le ha preguntado en el Palacio de la Zarzuela por la decisión de la Audiencia Provincial de Palma. Don Felipe ha mantenido varias audiencias en su despacho, la última de ellas con el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro. La decisión de la Audiencia se ha conocido poco antes de que el Monarca le recibiera en el Salón de Audiencias. Durante el saludo entre el Rey y el arzobispo de Madrid, había presente en la estancia un grupo de periodistas y de reporteros gráficos. Uno de ellos ha preguntado al jefe del Estado por la decisión de la Audiencia Provincial, pero el Rey no ha contestado a la pregunta.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado el respeto del Ejecutivo a las decisiones judiciales. "Tampoco nos corresponde a nosotros valorar las decisiones personales que se puedan adoptar", ha respondido la 'número dos' del Ejecutivo al ser preguntada si cree que la infanta Cristina debe renunciar a sus derechos dinásticos. Acerca de si la Abogacía del Estado tiene intención de acusar en este procedimiento, Sáenz de Santamaría ha señalado que, a la vista de la decisión y de la definitiva que pueda adoptarse respeto al juicio oral, será la propia Agencia Tributaria y su servicio jurídico el que decida su posición procesal.

Manos Limpias

La abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, que ejerce la acusación popular en el 'caso Urdangarin', cree que hay "muchas posibilidades" de que la infanta Cristina se siente en el banquillo, pero quiere esperar a ver el auto. López Negrete se ha expresado así en un debate en La Sexta en el que ha precisado que si el auto no habla de la posibilidad de aplicar la 'doctrina Botín' ni la 'doctrina Atutxa' su organización presentará escrito de acusación y quien decidirá si se le abre juicio oral no es la Audiencia, sino el juez de instrucción, José Castro.

López Negrete también ha dejado claro que, a la espera de leer el texto con detalle, no comparte que se haya retirado a la infanta la imputación por un delito de blanqueo porque entiende, según la jurisprudencia del Supremo, "que el delito fiscal previo es un delito para cometer el de blanqueo". La abogada también ha precisado que el delito de blanqueo se castiga con una pena máxima de seis años de prisión, mientras que los delitos fiscales tienen un máximo de cinco y la infanta está acusada de dos. Así, podría enfrentarse a hasta un máximo de diez años de cárcel, aunque ha reconocido que esa pena sería "un tope al que no se suele llegar".

El PSOE ha trasladado su respeto a la decisión de la Audiencia Provincial de Baleares y ha recalcado que "la Justicia es igual para todos".

La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha celebrado que el juez José Castro haya "peleado" por juzgar a la infanta Cristina pese a los "obstáculos" que se ha encontrado en la instrucción por parte de los "representantes" del Gobierno, esto es, de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado. Díez ha subrayado que la decisión de la Audiencia Provincial de Palma le ha devuelto "la confianza en la justicia" al mismo tiempo que ha elevado su "desconfianza" en el Gobierno. Y es que, según ha denunciado, durante todo este tiempo la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado "en comandita" han tratado de evitar que el juicio contra doña Cristina siga adelante, algo que considera "bastante escandaloso". "A la Fiscalía y a la Abogacía General del Estado no les pagamos para evitar que se juzgue a un presunto delincuente, máxime en un tema de esta trascendencia. Para eso ya está su abogado", ha dicho la portavoz magenta.

El diputado nacional de IU Asturias, Gaspar Llamazares, ha afirmado que la confirmación de la imputación de la infanta Cristina es una "buena noticia ya que demuestra que la justicia existe y que el juez Castro tenía razón". Por el contrario, ha reprochado que "no tenían razón todos aquellos que, desde los aparatos del Estado, desde la Casa Real, desde la Fiscalía y desde el Ministerio de Hacienda han obstruido y han obstaculizado la instrucción del juez Castro".