Monago se adelanta a Rajoy al anunciar una ley antisobornos que frene la corrupción

A la secretaria general le tocaba dar la cara después de que su organización quedara muy tocada al destaparse una trama de sobornos entre alcaldes, funcionarios y empresarios, ligados sobre todo al PP, en la Comunidad de Madrid. Cospedal tomaba así el relevo de Rajoy, quien la pasada semana pidió disculpas en el senado por haber confiado en una serie de personas envueltas en escándalos, entre ellas Francisco Granados, el hombre de confianza de Esperanza Aguirre cuando era reina y señora de Madrid. "Comparto el hartazgo y la indignación de los ciudadanos", aseguraba el jefe del Ejecutivo en la Cámara Alta. Lo hacía serio, pero le faltó contundencia. Esa misma que luego diría Cospedal que les sobraba puertas adentro.

La oposición ha encontrado un buen trozo de carne al que aferrarse tras la detención y encarcelación Granados. A los populares les llueven las críticas e, incluso, los insultos en la calle. Y mientras la cúpula trata de tapar los escándalos con puestas en escenas grandilocuentas, los militantes se revuelven en sus sillas preocupados porque todo esto no les pase factura en las urnas, cuya primera cita será el próximo año en las elecciones municipales. Reclaman mano dura contra los corruptos, incluidos esos con los que comparten café y hasta despacho. Se parten el pecho por hacerlo llegar escalones arriba, pero parece que no llega al cielo. O que desde las alturas hacen oídos sordos. Hasta ahora. Porque hay un barón de PP al que sí le han pitado los oídos por el tema y le ha faltado tiempo para ponerse manos a la obra.

Hablamos de José Antonio Monago, líder del PP de Extremadura. Este 'verso libre' del partido acaba de registrar en el Parlamento regional una propuesta de pronunciamiento en la que insta al Gobierno central a aprobar una ley antisoborno. No es papel mojado. En el documento incluye nueve puntos que servirían para combatir este fenómeno de forma eficiente.

Monago, conocido como el 'barón rojo' del PP y que gobierna gracias a un insólito acuerdo entre los populares e Izquierda Unida, le ha tomado la delantera a Rajoy, que ha optado por una estrategia más conservadora y a la que algunos han bautizado como la del avestruz, por eso de meter la cabeza bajo tierra hasta que pase el temporal. No es la primera vez que el extremeño se desmarca de la línea general.

El aborto, el IVA, los impuestos...

Al actual presidente de la Junta de Extremadura se le conoce por sus polémicas con el partido al tratar asuntos tan delicados como el del aborto. Ahí, como Celia Villalobos, presidenta del Congreso, se enfrentó a la conservadora visión del ministro Gallardón. "Nadie puede obligar a una mujer a ser madre", dijo entonces.

Pero no ha sido la única vez que ha desafiado a la corriente mayoritaria. Cuando se anunció la imposición de un IVA a la cultura del 21%, él garantizó a que en Extremadura no se aplicaría. También se comprometió a bajar los impuestos en esta época de vacas flacas, después de cinco años de subidas. Y defendió que la ideología "no tiene que introducirse en asuntos de Estado como la educación, la sanidad o la dependencia".

Lo de ahora con la corrupción no es más que otro paso de este verso suelto de los populares que niega serlo y rehúye del término barón rojo como si fuera la peste. "Comencé en el PP a los 19 años pegando carteles y tengo 45, llevo más tiempo en el PP que fuera de él", se ha excusado en más de una ocasión. Sin embargo, ha vuelto a hacerlo otra vez.

Con el registro de su propuesta contra los sobornos toma la delantera a Rajoy y desautoriza a Cospedal, incapaces de hacer frente a la crisis abierta por la 'Operación Púnica', que se encontró la herida sangrante del 'caso Gürtel'. Según ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo extremeño, Cristina Teniente, la propuesta de Monago supone dar "un paso más allá del Código Penal que ya tipifica el delito de cohecho", aunque también sea "totalmente compatible" con la normativa vigente y las iniciativas en desarrollo.

Medidas concretas contra la corrupción

Uno de los puntos que contempla la proposición del presidente de la Junta es que la financiación ilegal de partidos políticos, patronal, sindicatos, asociaciones o fundaciones se tipifique como soborno y se incluya en el Código Penal también con penas de hasta 10 años para los responsables. Además, desde el PP extremeño abogan por que sea obligatoria la expulsión inmediata de los acusados de soborno en los partidos políticos, patronal y sindicatos; y por la anulación de los contratos o subvenciones públicas en la parte afectada por el delito cuando el soborno sea declarado por sentencia firme.

En la iniciativa de ley se plantea igualmente que el soborno esté penado hasta con 10 años de cárcel como en Reino Unido, país con la legislación más rigurosa en esta materia. En España la pena actual va de los 3 a los 6 años entre particulares, al igual que el cohecho. También entienden que debería ampliarse el plazo de prescripción del soborno de los cinco años actuales a diez; y que los condenados por corrupción deben responder patrimonialmente con sus bienes personales hasta devolver la cantidad afectada por el soborno.

Colaboración de las instituciones

Esta propuesta se completa con el diseño de un plan antisoborno por parte de todas las instituciones públicas, partidos políticos, patronal, sindicatos, asociaciones, fundaciones, entes, organismos, sector público y sector privado, así como de un órgano o departamento especializado de su seguimiento, control y evaluación. En el documento del PP regional se detalla que todas las entidades anteriormente citadas deberán firmar una "declaración responsable" comprometiéndose con la ley; y las mismas asumirán de igual forma la responsabilidad del delito si se demuestra que no han llevado a cabo los controles necesarios para evitarlo.

En las próximas semanas el Gobierno de Extremadura presentará su propia política interna antisoborno que, según ha destacado Teniente, será también "pionera" en el país. La vicepresidenta ha manifestado que esperan alcanzar un acuerdo con el conjunto de las fuerzas parlamentarias en la región en un asunto "esencial" y ante el "clamor popular", y ha manifestado que el desarrollo de la citada ley debe ir acompañada de una mayor dotación de medios y recursos del poder judicial para ganar celeridad en las causas.