Monago pide a Rajoy una ley antisobornos

La vicepresidenta y portavoz de la Junta de Extremadura, Cristina Teniente, ha señalado al término del consejo de gobierno que espera el apoyo de los distintos grupos parlamentarios para sacar adelante una iniciativa que pretende combatir la corrupción y dar un paso más de lo que ya establece el Código Penal.

La propuesta de la Junta recoge la expulsión obligatoria e inmediata de los acusados de soborno en partidos políticos, patronal y sindicatos. En el caso de instituciones públicas, asociaciones, fundaciones y empresas plantea elaborar un sistema ágil y eficaz para apartarles de manera preventiva de sus funciones, aunque seguirían cobrando hasta que haya condena firme. En caso de ser absuelto, se restablecería la situación del afectado.

En segundo lugar, sugiere que todas las instituciones públicas, partidos políticos, patronal, sindicatos, asociaciones, fundaciones, entes, organismos, sector público y privado deberán definir e implementar internamente un plan antisoborno y crear un departamento especializado de control, seguimiento y evaluación.

Asimismo, todos los trabajadores de las entidades incluidas en la ley deben firmar una declaración responsable con la que además se comprometan a contactar con el departamento legal u organismo competente para cualquier duda o conocimiento de algún posible caso.

Prescripción de los delitos

En cuarto lugar, la Junta pide que el soborno declarado por sentencia firme conlleve la anulación de los contratos o subvenciones públicas en cuestión. Como quinto apartado, propone que todas las instituciones asumirán la responsabilidad del delito si se demuestra que no han llevado a cabo los controles y mecanismos adecuados para evitar el soborno. En caso de que hayan cumplido, los únicos responsables serán los acusados.

También sugiere que los condenados por corrupción deben responder con sus bienes hasta devolver la cantidad afectada por el soborno; y que las penas lleguen hasta diez años de cárcel, ya que en la actualidad se sitúa entre tres y seis años.

Por último, la Junta quiere que estos delitos prescriban a los diez años en lugar de a los cinco, como ocurre actualmente; y que la financiación ilegal de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o fundaciones debe tipificarse como soborno e incluirse en el Código Penal con las mismas penas citadas.