Prisión bajo fianza para el alcalde que se llevó documentos de 'Púnica'

El instructor del 'caso Púnica', la trama local y regional de corrupción política, ha imputado al alcalde de los delitos de organización criminal, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación, fraude, cohecho y prevaricación.

El juez ha tomado esta decisión después de interrogarle y de analizar la documentación que le fue incautada ayer cuando se encontraba en el ayuntamiento.

En un auto, el magistrado explica que Antonio Sánchez "sería responsable de varias irregularidades" en materia de contratación pública para beneficiar al empresario David Marjaliza, en prisión incondicional.

El juez relata que en este caso existe riesgo "objetivo y concurrente" de alteración de elementos "relevantes" para la investigación del delito puesto que fue descubierto huyendo del consistorio con documentación probatoria y pretendía "eludir de la acción de la Justicia".

A primera hora de la mañana del lunes un funcionario del ayuntamiento de Serranillos, un pequeño municipio del sur de Madrid de 3.600 habitantes, telefoneó al juzgado para alertar de lo que estaba presenciando. El todavía alcalde, Antonio Sánchez Fernández, que presentaría su dimisión horas después aunque aún no se ha celebrado el pleno que oficialice su salida, acababa de llegar al edificio consistorial en su vehículo, había sacado varias cajas vacías y se había dirigido a su despacho.

"Está llenando las cajas con documentación posiblemente para llevársela", avisó el funcionario al juez Eloy Velasco, instructor del caso en el que está imputado el primer edil junto a otras 50 personas, de las que fueron detenidas 32.

Recibido el soplo, Velasco se puso en marcha para evitar lo que parecía un más que evidente ejercicio de destrucción de pruebas. Se puso en contacto con los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que han desmenuzado durante meses los tejemanejes de la red corrupta con extensión en varios territorios: Madrid, León, Murcia y Valencia. El juez trataba de parar los pies a Antonio Sánchez.

Documentos

Los responsables de la UCO llamaron al cuartel del instituto armado del municipio vecino, Griñón, para que se dirigiesen de inmediato a Serranillos, a escasos tres kilómetros de distancia. Allí llegaron minutos después y una pareja de agentes subió a toda prisa hasta el despacho del alcalde para notificarle la orden judicial.

El instructor había pedido a la UCO que tomara las medidas necesarias para evitar la desaparición y destrucción de pruebas, ya que los papeles "pudieran no ser documentos personales, sino relacionados con los hechos objeto de la investigación de la presente causa por lo que podría estar tratando de hacer desaparecer o destruir pruebas imprescindibles para la averiguación de los hechos objeto de la causa".

Sánchez está imputado por los delitos de prevaricación, fraude, malversación y cohecho. Fue detenido la semana pasado dentro de la 'operación Púnica', pero quedó en libertad y no compareció ante el juez por estar convaleciente de una operación. Una dolencia que no le impidió presentarse ayer en el ayuntamiento para llevarse, supuestamente, algo más que sus cosas.