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ander azpiroz
Jueves, 28 de agosto 2014, 01:06
O renuncia a su pretensión de reformar la ley electoral antes de los próximos comicios municipales de mayo o tendrá que atreverse a aprobarla en solitario, un hecho inédito en la historia de la democracia. Así de claro se lo ha dicho el PSOE al ... Partido Popular. Tanto, que los socialistas ni siquiera se plantean sentarse a negociar la propuesta que el PP pretende llevar al Congreso en septiembre para que a partir de ahora gobierne el alcalde que más votos haya sumado en las urnas.
La formación de Pedro Sánchez fijó su posición durante el debate del martes en la Diputación Permanente de la Cámara baja y ayer la ratificó su secretario de Organización, César Luena. «No nos vamos a molestar en participar en el teatrillo del PP», dijo el 'número dos' del partido. Luena tampoco escatimó críticas a la hora de describir la propuesta lanzada por los populares, a la que dedicó calificativos como «tramposa, ventajista y chapucera».
El principal partido de la oposición no está solo en el rechazo frontal a negociar con el PP. La práctica totalidad de las formaciones del arco parlamentario expresan la misma opinión; que la proposición del PP solo busca salvaguardar el amplio poder municipal que ostenta en la actualidad el partido de Gobierno y que, a tenor de los resultados de las últimas europeas, perderá en muchas poblaciones tras las municipales de mayo. «No se puede avalar ni por activa ni por pasiva el pucherazo inmenso», insistió en esa línea el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara. Incluso partidos como ERC, que a priori resultaría beneficiado del cambio legislativo al adjudicarse nuevas alcaldías, ha negado su respaldo a la iniciativa por considerarla «insensata» y «oportunista».
CiU es la única formación que no se ha cerrado en banda a discutir la reforma. Eso sí, advierte de que su apoyo conllevará contraprestaciones que los populares hasta ahora siempre han rechazado y un consenso amplio.
Un debate nacional para cambiar la Constitución
El PSOE quiere abrir en septiembre un debate político nacional sobre la urgencia de abordar una serie de cambios sustanciales en la Constitución de 1978. Su objetivo pasa por comprobar si es posible alcanzar un «consenso básico» entre las fuerzas parlamentarias para poner en marcha el procedimiento formal de la reforma.
El primer paso consistirá en remitir a todos los partidos la propuesta que la formación esbozó en julio de 2013. El documento propone un cambio del Estado autonómico al federal, transformar el Senado en una cámara de representación territorial y crear un blindaje constitucional del Estado del bienestar para evitar recortes como los que, en su opinión, realiza Rajoy.
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