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Jorge Barbó
Martes, 29 de julio 2014, 00:45
Parecía que en su tablero del Monopoly no existía la casilla de la cárcel. Tiraban una y otra vez los dados en el perverso juego de la corruptela, acumulando propiedades y billetes, sin miedo a dar con sus huesos en prisión. Como mucho, traspasaban los ... barrotes de visita. Pero hay veces que la Justicia gana la partida. El exministro del PP Jaume Matas es el último de una larga lista de poderosos que tiempo atrás parecían intocables y hoy ven pasar sus días en la celda. Tras agotar todas las vías, atajos y puertas de atrás posibles para sortear su inminene entrada en prisión, el exgobernante popular -el mismo al que Mariano Rajoy llegara a poner como ejemplo de gestor intachable-, entraba ayer en el centro penitenciario de Segovia para cumplir la condena de nueve mes y un día que le impuso el Supremo por un delito de tráfico de influencias.
Sólo 17 días después de que el Gobierno denegara su petición de indulto, Matas protagonizó ayer una estampa que ya se ha convertido en habitual. Visiblemente contrariado, el hombre poderoso sale de un coche de alta gama (un A3 oscuro en el caso del expresidente Balear), vestido de sport y con toda la dignidad que le es posible atesorar en un momento así. Carga su macuto, una bolsa de deporte con ropa de marca con la que marcará distancias con el resto de presidiarios, y enfila el sendero hacia el portón del centro penitenciario rodeado de flashes y la alcachofa de algún reportero que lanza un "¿Cómo se siente?" tan innecesario como de rigor.
El exministro de Aznar no ha sido el único en pasar de los despachos a la celda, de los restaurantes a la cantina, de comprar en tiendas exclusivas a hacer acopio de lo imprescindible en el economato de la trena. En el caso de Matas, la contratación fraudulenta del periodista Antonio Alemany, el mismo que por la mañana le escribía apasionados discursos y por la tarde los alababa con igual pasión en los artículos que firmaba para el periódico en el que colaboraba, le ha metido entre rejas. Por un motivo bien distinto, otro barón del PP, otro colega de partido, otro que parecía intocable, fue condenado a prisión la semana pasada. Carlos Fabra, el hombre que se escondía tras esas gafas de sol, el mismo que manejó los hilos de la Diputación de Castellón, tendrá que ingresar en prisión (si un improbable indulto del Gobierno no lo impide) por cuatro delitos fiscales cometidos entre 1999 y 2003. El Supremo ratificó el pasado jueves la condena a cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia de Castellón tras haber comprobado que el expolítico, de 68 años, había ingresado más de dos millones en su hucha sin poder justificar su procedencia.
El que sí duerme ya entre rejas, desde hace un año, es Luis Bárcenas. El extesorero del PP, que hizo tambalear los cimientos del partido en el Gobierno, protagonizó una de las entradas en prisión más mediáticas que se recuerdan, con posterior cámara oculta sobre sus días entre rejas incluida. El 28 de junio de 2013, el juez Ruz le enviaba a la prisión de Soto del Real acusado de blanqueo, fraude fiscal, falsedad documental y estafa procesal en el marco de esa tela de araña de la corrupción que es la trama Gürtel. También a Soto del Real, el 'capo' de la Gürtel, Francisco Correa, estuvo a la sombra hasta que su progenitora, en un generoso ejercicio de amor de madre, abonara los 200.000 euros que el juez pedía como fianza.
El caso de los ERE, en Andalucía, uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos tiempos, supuso el pasaporte a prisión del exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero. Entre los hechos que se le imputaban se encontraba la acusación de su chófer de pagar cocaína para consumo propio con el dinero del llamado 'fondo de reptiles'. Sólo estuvo unos meses a la sombra, ya que en octubre de 2012 pagó una fianza de 50.000 euros. Por el mismo caso, por la misma juez de rostro impertérrito, la implacable Alaya, el exconsejero de Empleo andaluz, Antonio Fernández, fue enviado a prisión acusado de diversos delitos de malversación, prevaricación y fraude de subvenciones entre otros.
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