Barrionuevo fue el primer ministro entre rejas: tres meses y medio en la cárcel por un secuestro de los GAL

Barrionuevo, ministro del Interior con Felipe González, fue condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 29 de julio de 1998. La sentencia le sitúa al frente de la primera acción reivindicada por esa banda, dirigida por altos cargos del Gobierno del PSOE con la colaboración de policías y mercenarios. Los magistrados, amparándose en los testimonios inculpatorios de varios encausados -entre ellos, el exgobernador civil de Bizkaia Julián Sancristóbal y el exsecretario general del PSE en esa provincia Ricardo García Damborenea-, consideraron probado que conoció, aprobó y dio el dinero necesario de los fondos reservados para cometer el secuestro. Marey, un súbdito francés sin relación alguna con ETA y su entorno -el comando se equivocó de objetivo- fue secuestrado en Hendaya el 4 de diciembre de 1983, conducido a España y mantenido en cautiverio durante diez días. Una llamada a un puesto de la Cruz Roja en Sebastián en nombre de los GAL condicionó su puesta en libertad a la excarcelación de cuatro policías españoles detenidos en Francia cuando intentaban secuestrar al etarra José María Larretxea. Al percatarse el grupo de su error, le dejó libre.

Toda la cúpula del PSOE, con el expresidente González a la cabeza, y unos 7.000 simpatizantes del partido arroparon a Barrionuevo en su entrada en la cárcel de Guadalajara, junto con su secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera. Fue el 10 de septiembre de 1998. Los líderes socialistas improvisaron incluso una especie de mitin ante las puertas de la prisión para denunciar la injusticia que sufrían el exministro del Interior y su 'número dos'. González se fundió en un emocionado abrazo con los dos condenados cuando estos se disponían a acceder al centro penitenciario. ¡Libertad!, ¡libertad!, gritaban los congregados. ¡Cascos, Aznar, lo váis a pagar!, tronaron.

Apenas tres meses y medio después, el 23 de diciembre de 1998, el Gobierno del PP, presidido por José María Aznar, aprobó en Consejo de Ministros un indulto parcial a los condenados, equivalente a dos tercios de la pena, lo que les permitía acceder a una modalidad especial de tercer grado penitenciario por el que no tenían que acudir a la cárcel ni siquiera a pernoctar. Esa medida había sido sugerida por el Supremo, en cuya Sala Segunda Barrionuevo y Vera tenían firmes defensores, aunque estaban en minoría. Entre ellos, su propio presidente, José Jiménez Villarejo -padre de la que luego sería ministra Trinidad Jiménez-, que no veía motivos para condenarles, igual que otros tres de los doce miembros del tribunal.

El Constitucional ratificó la sentencia en mayo de 2001 al rechazar los recursos de amparo presentados por el exministro socialista y su antiguo colaborador. El Supremo ordenó su reingreso en prisión sin dilaciones para acabar de cumplir la sentencia. Sin embargo, el Gobierno de Aznar les dejó en régimen abierto de forma inmediata con la única obligación de presentarse dos veces a la semana ante las autoridades penitenciarias.