El juez retrasa el cierre del 'caso Nóos' al reclamar otro informe sobre Urdangarin

En una providencia, Castro da diez días a la Agencia Tributaria para que aclare si lo que sostiene Urdangarin tiene alguna lógica. En su alegato, el marido de la Infanta Cristina sostenía que las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de Hacienda sobre el fraude de más de 240.000 euros en las declaraciones de IRPF de 2007 y 2008 son falsas. Adujo que en realidad todo se debió a una «negligencia» de sus pagadores en aquellos ejercicios, que «no actuaron con la diligencia debida en el momento de presentar su declaración, dejando de practicar la correspondiente retención sobre los presuntos rendimientos abonados».

Ahora Castro pregunta si, a la vista de las alegaciones del yerno del Rey, cabe hacer alguna «corrección» en las cifras supuestamente defraudadas; o si los pagadores, efectivamente, incurrieron en algún tipo de negligencia. Esta nueva consulta no es baladí. Si realmente las empresas no declararon el 35% de esos pagos al yerno del Rey, habría que recalcular si la cantidad defraudada por el imputado llega a los 120.000 euros anuales, que es el mínimo por ejercicio para hablar de delito contra la Hacienda Pública.