Más de un centenar de denuncias por torturas durante el franquismo acabarán en juzgados ordinarios

La intención es que los órganos territoriales se abran camino e investiguen las torturas policiales, entre otros delitos, que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha descartado porque se trata de hechos aislados que no tienen vínculos con un delito de lesa humanidad. Es decir, que no fueron organizados, planificados, ni se llevaron a cabo de forma sistemática contra un grupo concreto de la población civil.

En virtud de estos motivos, el auto del tribunal que rechazó el pasado miércoles la extradición a Argentina del exinspector Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño', o antes la del excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar, dejó una puerta abierta que no han desdeñado los querellantes de los abusos del franquismo.

La magistrada ponente del auto, Clara Bayarri, señaló que, "además de la extinción de la responsabilidad penal derivada de la prescripción, existe una causa objetiva de denegación al ser preferente la jurisdicción española atendiendo al principio de territorialidad, al haberse cometido los hechos en este país y sin que conste ejercicio de la acción por parte de los denunciantes ante los tribunales españoles".

Ésta es la vía que ensayarán los abogados de la querella del franquismo, que ya están evaluando la formulación de denuncias de forma sistemática en los diferentes juzgados territoriales, según ha confirmado el abogado Carlos Slepoy. El esquema consistiría en trasladar las 150 denuncias particulares que se incluyen en la causa general que investiga la juez argentina María Servini a los órganos judiciales españoles.

Hasta la fecha existen testimonios y hechos documentados de desapariciones, secuestros ilegales, asesinatos o torturas en ocho comunidades, Madrid, Valencia, Baleares, Cataluña, Asturias, Andalucía, País Vasco y Aragón, por lo que será en los juzgados de primera instancia e instrucción de estos territorios donde se presenten las querellas.

Distinta sensibilidad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya avanzó esta posibilidad en la vista de extradición de Muñecas. El fiscal se negó a su entrega con criterios idénticos a los de la Sala. Sin embargo, puso sobre la mesa la posibilidad de que pudiera ser investigado en un juzgado ordinario español por el principio de la doble incriminación, ya que es un delito de torturas tanto en Argentina como en España.

En el caso del excapitán de la Guardia Civil, está acusado por unos hechos cometidos en 1968 en el cuartel de Zarautz, por lo que el órgano competente sería el juzgado de Azpeitia. Los querellantes esperan que los jueces y fiscales territoriales muestren una sensibilidad distinta a la Audiencia Nacional y abran causas penales.