Competencia multa con 2,3 millones a dos empresas alavesas por repartirse contratos con Adif

El inicio del expediente se produjo a partir de un escrito remitido por Adif a la CNMC en 2014, según sostiene el organismo, que considera acreditado que estas empresas se repartieron el mercado, acordaron precios y otras condiciones comerciales. La CNMC también asegura que las empresasa alavesas, además de otras dos del sector también multadas (Duro Felguera Rail y Talleres Alegría), se intercambiaron información comercial sensible durante 15 años para el suministro de desvíos ferroviarios (aparatos de vía que permiten el desdoblamiento de las vías) y otros elementos complementarios en las licitaciones convocadas por Adif y su antecesor GIF (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias).

En el escrito que remitió Adif a la CNMC se solicitaba un informe para conocer si los procedimientos utilizados hasta entonces para la contratación de estos desvíos ferroviarios y otros elementos complementarios incluían algún tipo de práctica contraria a la competencia. Tras la instrucción del expediente, la CNMC considera que las empresas sancionadas llevaron a cabo prácticas que respondían a una estrategia global que tenía por objeto eliminar la competencia en las licitaciones de desvíos ferroviarios convocadas por GIF y Adif.

Como consecuencia de estas prácticas, varias licitaciones de desvíos ferroviarios en tramos del AVE se vieron afectadas: Madrid/Levante; Barcelona/Figueras; Zaragoza-Lérida, Madrid/Albacete y Segovia/Valladolid, entre otras. Durante el periodo analizado se licitaron 52 contratos. Entre 2005 y 2009 Adif licitó 15 expedientes con un importe de 228 millones, y entre 2010 y octubre de 2014 se licitaron 17 expedientes por 246 millones.

Para llevar a cabo estas prácticas, las cuatro empresas recurrían a la figura de las Uniones Temporales de Empresas (UTE) con el objetivo de presentar ofertas conjuntas en las licitaciones. En un principio, Duro Felguera estaba fuera de estas UTE aunque posteriormente decidió sumarse. Las cuatro empresas sancionadas, que no competían así a la hora de licitar, tienen volumen de negocio y capacidad para operar de manera individual en el mercado, señala la CNMC.

Este tipo de conductas, agrega el organismo, ha dañado el interés público, dado que los precios ofertados por las empresas eran más altos que los que hubieran presentado en el caso de que haber competido entre sí. Contra esta sanción cabe la interposición de un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.