Almunia tenía razón: ilegalizar el 'tax lease' no suponía el cierre de los astilleros

Lo cierto es que, pasado un año, los astilleros españoles han conseguido recomponer su cartera de pedidos -se ha concretado ya el encargo de una quincena de buques- y de momento nadie ha presentado una demanda contra ellos como se auguraba entonces. Como la película no ha terminado, sin embargo, cabe la posibilidad de que haya todavía alguna reclamación judicial contra los astilleros, aunque en un contexto bien distinto. Con cargar de trabajo, las penas siempre son más llevaderas.

El 'tax lease' que usaba España permitía que el dueño final del buque, el armador, adquiriese el mismo a un precio inferior al que realmente había cobrado el astillero. ¿Cómo era posible semejante acto de magia? Básicamente, mediante la interposición de un conjunto de intermediarios -empresas que hacían una inversión y bancos que prestaban dinero, para luego formalizar un alquiler con derecho a venta-, que permitía a éstos obtener importantes rebajas en impuestos en sus cuentas de resultados. En resumen, el Estado perdonaba impuestos a un conjunto de empresas, para que una parte de ese dinero acabase en manos de los astilleros. Una subvención indirecta que en sí misma no era ilegal y tampoco lo es ahora, porque la UE ha aceptado un sistema de 'tax lease' de características similares. La ilegalidad española se basaba en retorcer la legislación con mucha ingeniería tributaria, para maximizar ese ahorro fiscal de las empresas que actuaban como intermediarias. A eso, la UE dijo "no".

Almunia y su equipo consiguieron edulcorar las primeras propuestas que habían salido desde Bruselas en torno a la resolución de este tema y acotaron la responsabilidad hasta considerar que los únicos responsables eran las empresas intermediarias. Algo así como "quien ha visto rebajada su factura de impuestos, que pague ahora el roto y devuelva el dinero a las arcas públicas". NO había sanción, tan sólo la imperiosa necesidad de recuperar aquellos impuestos que no se pagaron en su día. La decisión, formulada de esta forma, eximía a los astilleros aunque aún quedaban flecos en el aire. El principal, que entre los numerosos contratos que se habían firmado existía siempre uno entre inversores y astillero, mediante el cual éstos asumían la responsabilidad en el caso de que existiese algún problema con Bruselas. Y el problema llegó en julio del pasado año.

La "factura" a devolver no está cerrada -hay discrepancias entre la Agencia Tributaria y la Comisión- pero el cálculo realizado por el Ministerio de Cristóbal Montoro también ha ayudado a calmar la situación. En opinión de la Hacienda española hay que recuperar 126 millones de euros. Una cifra gorda pero llevadera si se tiene en cuenta que las primeras estimaciones, con las versiones más duras de la resolución, superaban los 1.000 millones.

Almunia abandonará su cargo de comisario a la vuelta del verano. Vista la evolución de los acontecimientos, quienes pidieron que se impidiese su entrada en el nuevo San Mamés por haber dictado la muerte de los astilleros deberían reconsiderar su propuesta e incluso pedir disculpas. Es de justicia, aunque no sea una costumbre con arraigo territorial ni social.