Vivienda inicia en Goikolarra las ayudas a constructoras a cambio de pisos con alquileres asequibles

El concepto es que el Gobierno vasco concede a la constructora una subvención de entre 18.000 y 45.000 euros por cada piso que destine al alquiler con una renta preestablecida, que será siempre inferior a la de mercado. Una segunda condición es que los inquilinos de esas viviendas con alquiler tasado deben ser personas o familias inscritas en el servicio vasco de vivienda (Etxebide) con unos ingresos anuales de entre 21.000 y 39.000 euros.

Una horquilla en la que una familia tiene dificultades para hacer frente a un alquiler en el mercado libre y que al mismo tiempo tampoco tiene fácil que se le asigne un piso a través de Etxebide, dado que muchas veces se prioriza a las rentas más bajas. El departamento de Vivienda calcula que en ese rango existen en torno a 7.000 familias registradas en Etxebide.

La cuantía de la ayuda que Lakua concede a la promotora depende de los años a los que esta se comprometa a mantener ese alquiler asequible. La subvención máxima de 45.000 euros se otorga por un convenio a 50 años. Finalizado el plazo inicial, si deciden ampliarlo por al menos 10 años más, recibirán 12.000 euros de ayuda por cada hogar, y 24.000 si la extensión es por al menos 20 años.

Para el inquilino, el precio del alquiler dependerá de sus ingresos y de la localidad donde se ubique el edificio. Las rentas de 21.000 a 30.000 euros anuales ponderados pagarán un máximo de 7,5 euros por metro cuadrado o el 75% del precio medio por metro cuadrado según la Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL) en San Sebastián, Bilbao y Getxo; o un máximo de 7 euros o el 70% del precio medio en el resto de las localidades vascas, incluida Vitoria. Para las rentas de 30.001 a 39.000 euros anuales ponderados, el máximo será de 8,5 euros por metro cuadrado o el 85% del precio medio según la EMAL en Donostia, Bilbao y Getxo, y un máximo de 8 euros o el 80% del precio medio en el resto.

En caso de que a la hora de adjudicar las viviendas no haya demandantes en Etxebide para completar los alquileres, las promotoras podrán abrir la oferta a colectivos con las rentas establecidas pero que no estén inscritos en el servicio vasco. Si de esta segunda manera tampoco se completan las promociones, la sociedad pública de alquiler Alokabide arrendará esos pisos con las condiciones y el canon del programa público Bizigune.

En el caso de las promociones de Vitoria, se trata de dos parcelas en las que la empresa vitoriana Madeilia edificará 124 y 101 viviendas, respectivamente, con el compromiso de mantener el alquiler asequible durante 50 años, por lo que recibirá la subvención máxima. A 45.000 euros por hogar, un total de 10,12 millones de euros. El suelo en el que se levantarán estas promociones fue adjudicado a Madeilia en 2022 por el Ayuntamiento de Vitoria por un importe de 4.530.000 euros. La previsión es que los primeros inquilinos puedan habitar sus viviendas dentro de dos años.

La particularidad del modelo que ahora echa a andar en Euskadi año y medio después de que el Gobierno vasco aprobara la orden que lo regula, es que busca soluciones habitacionales para familias con ingresos medios a través de la colaboración público-privada, mientras los suelos de titularidad pública se seguirán destinando al alquiler social y a las rentas más bajas, básicamente a quienes tienen ingresos inferiores a 12.000 euros (el 56% de las familias inscritas en Etxebide para alquiler).

Para ello trata de movilizar suelos de titularidad privada que en algunos casos llevan años parados por las bajas expectativas de rentabilidad. Con este modelo, el departamento de Vivienda que dirige Iñaki Arriola (PSE) busca que la inversión en viviendas de alquiler a precio tasado resulte rentable e interesante para las promotoras, que así se aseguran una subvención de inicio y un alquiler asegurado, al tiempo que los inquilinos se benefician de unas rentas moderadas inferiores a las del mercado libre.

La construcción de estas promociones se lleva a cabo mediante convenios entre las empresas y el departamento de Vivienda. En esos convenios se estudiará si existe una demanda suficiente en la zona que justifique la operación y la ayuda pública, y se definirán las subvenciones. El equipo de Arriola se felicita de que el nuevo modelo haya echado a andar en Euskadi.