Vitoria supera los 150 pisos y lonjas okupados que se suman a los 192 de Errekaleor

Como en el resto del país, la okupación supone un fenómeno en alza, al que las palabras pronunciadas esta semana por el concejal de Convivencia, el socialista Pascual Borja, han vuelto a ponerla en el foco. El edil demandó a los vitorianos «más generosidad» con los okupas y habló de «labor conjunta, hay que repartir responsabilidades» para mejorar la convivencia en los barrios afectados. Veinticuatro horas después, el diputado general, el jeltzale Ramiro González, emplazaba al Ayuntamiento a proporcionar «más seguridad» y trabajar en soluciones.

Al diputado general le preocupa la situación de jóvenes desarraigados como los instalados desde hace semanas en el antiguo bar Dori, en Arana, el barrio en el que creció. Esos veinteañeros van de lío en lío. Hace una semana destrozaron el inmueble en una pelea entre ellos. Policías locales les señalan como «delincuentes habituales». En su anterior 'hogar', otra lonja en El Polvorín, también ocasionaron temor y rechazo a partes iguales en la zona. Esta semana, por cierto, la Iglesia ha recuperado su edificio en Ramón y Cajal tras abandonarlo los jóvenes que irrumpieron en agosto. «Las habitaciones están destrozadas», aseguran fuentes de la diócesis.

«¿Generosos? Que les ofrezca su casa», se arranca Ángel Lamelas, presidente de la FAVA (Federación de Asociaciones de Vecinos de Álava). «La apropiación de un bien ajeno no tiene excusa y las leyes tienen que ser más estrictas. Muchos van de solidarios, pero si les tocara a ellos o un familiar, ¿lo serían igual?».

En esos casos toca acudir a la Justicia. Hay denuncias por bloques enteros -en la calle Rioja vive de gorra una conocida familia-, por apropiación de un lavadero y hasta un hotel abandonado. Los desalojos son un asunto habitual para los nueve juzgados de Primera Instancia y para el pelotón de abogados y procuradores que defiende los intereses de las víctimas. En el Palacio de Justicia se palpa un indisimulado malestar con este asunto, y con el Ayuntamiento de Vitoria en particular. ¿Por qué? «Con el covid, el Gobierno central aprobó un decreto por el que se suspendían temporalmente los desahucios si a los ocupantes se les consideraba vulnerables», recuerdan fuentes judiciales. Pese a que la normalidad se recobró en 2022, el Consejo de Ministros demoró el fin oficial de la pandemia al 5 de julio de este año. Entre tanto ha renovado esta orden de protección para los desfavorecidos cada seis meses. Estará vigente hasta el 31 de diciembre, como mínimo.

«Esa clasificación corresponde establecerla a los servicios sociales municipales. La conceden casi siempre», coinciden magistrados, letrados y procuradores. Estar en desempleo o tener hijos menores basta para obtener un informe favorable. Además, «debido a su enorme carga de trabajo y al déficit de recursos, el Ayuntamiento se inhibe mucho y eso también paraliza el proceso». Estos expertos cifran en «unos doscientos» los expedientes varados 'sine die'.

El equipo de gobierno local lo niega. Sólo admite «51 informes de vulnerabilidad a solicitud del juzgado» emitidos desde el 1 de enero. «El juzgado decide si lo tiene en cuenta o no. El Ayuntamiento no decide», apunta una portavoz de Servicios Sociales. Otras veces, la denuncia permanece inerte semanas «porque no se logra identificar a las personas que han entrado en el inmueble», admiten medios policiales y judiciales. Sin nombre no hay caso.

«500.000 euros» sin pagar

El Ayuntamiento ha perdido 28 domicilios en el Casco Viejo. Abona sus tasas y derramas para evitar más conflictos con los moradores legales en portales de Zapatería, Chiquita o Cuchillería. Este volumen, unido a los 192 de Errekaleor, le convierte en el mayor damnificado. El anterior equipo de gobierno habló de «500.000 euros» no recaudados en tributos sólo en ese distrito, en manos ajenas desde 2013. Esta institución ha aparcado la vía penal para recuperar sus posesiones desde que la Audiencia Provincial de Álava les afeó por «empadronar a los okupas y denunciarles después».

Alokabide, la sociedad de alquiler social del Gobierno vasco, mantiene activos dieciséis procedimientos judiciales. Cada vez que recuperan un piso social colocan una puerta 'antiokupas'.

Por su parte, la asociación vecinal del centro, Ensanche XIX, recuerda al Gobierno de Vitoria que «la generosidad debe empezar desde las instituciones por la falta de vivienda pública. Todo nace desde arriba».