Vitoria recupera terrenos de VPO sin urbanizar desde 2009

La resolución, que según el Gabinete Urtaran solventa un «problema enquistado» desde hace años, salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno (PNV-PSE), el PP y Elkarrekin (Podemos, Equo e IU). El grupo morado condicionó su apoyo a que el dinero recuperado se destine «de forma masiva» a la rehabilitación urbana de la ciudad, un planteamiento que también respaldó el PP.

La construcción de viviendas en las parcelas de Aretxabaleta-Gardelegi y Larrein quedó en suspenso después de que «la normativa sobre las condiciones de venta de VPO cambiara». En este sentido, varios aspectos que se planteaban en los diferentes proyectos pasaron a ser irrealizables por diferentes modificaciones, tanto urbanísticas como ambientales, según precisan desde el departamento de Territorio del Ayuntamiento. Tanto el equipo de gobierno como los servicios técnicos municipales consideran necesario volver a convocar el concurso para adjudicar las parcelas, algo que no empezará a producirse al menos hasta el próximo año.

Aunque el acuerdo salió adelante con un amplio respaldo (solo se opuso EH Bildu), compromete al Ayuntamiento a destinar los 24 millones de euros a rehabilitar algunos de barrios «degradados». Además, Elkarrekin pidió la «aprobación y puesta en marcha de la norma reguladora de medidas financieras para la rehabilitación de viviendas». «Es fundamental para garantizar que cualquier persona pueda acceder a un programa independientemente de su capacidad económica», explican.

EH Bildu, por su lado, cargó con dureza contra la resolución de Ensanche XXI. «En medio de una crisis sociosanitaria y económica tremenda, el gobierno municipal prioriza engrosar las arcas de un grupo de constructores a acometer medidas para aliviar esta situación», censuró el concejal Félix González, en relación a los 3 millones que devolverá el Ayuntamiento. Por su lado, la portavoz de la formación abertzale, Miren Larrion, denunció que «Urtaran antepone el ladrillo a las personas y convierte los intereses de un grupo de empresarios en la política urbanística municipal de los próximos años».