Vitoria proyecta 356 viviendas en 5 bloques en la parcela de los pisos okupados de Olárizu

Esta solución, que casi triplicaría el número de pisos que alberga el solar -ahora son 124, muchos de ellos okupados-, sería la única que no generaría un déficit en las arcas de la compañía pública. En concreto, según muestran los cálculos que acompañan a este estudio de viabilidad de elaboración municipal, Ensanche 21 obtendría un pequeño balance positivo de 211.829,02 euros. Ese es el resultado de un desglose de cifras que en el capítulo de gastos incluye la adquisición de los viejos bloques -dentro del que años atrás se promovió como 'Plan Renove' de realojos- con 19,4 millones de euros, la demolición (1,1 millones), la nueva urbanización (3,1 millones) y la edificación de los pisos nuevos (casi 54 millones), lo que arroja un total de 77,4 millones de euros. Mientras que en lo que se refiere a los ingresos, con la venta de los pisos se conseguirían 77,6 millones de euros.

Las otras tres alternativas que se incluyen en el documento de Ensanche 21 causarían pérdidas. Una de ellas descarta la demolición y plantea la rehabilitación integral de los pisos ahora okupados, lo que supondría en el mejor de los casos 3,9 millones de números rojos. La segunda opción, en la que se propone reformar 64 de las 124 casas, causaría también unas pérdidas millonarias. Una tercera solución, que proyecta el derribo y edificar un número más limitado de viviendas -220 pisos de nueva construcción-, significaría igualmente un balance negativo de 11,8 millones de euros para Ensanche 21, una sociedad municipal de arcas también maltrechas.

Todas esas alternativas se plantearon en el consejo de la entidad el pasado febrero, en el que el gobierno PNV-PSE y el PP pactaron un plan para echar a los okupas y derribar las casas, abriendo una pequeña luz al final de un proceso de seis largos años de polémica. Esa nueva estrategia consensuada entre el Gabinete Urtaran y los populares consistía en que el Ayuntamiento recupere la titularidad de los bloques (eran de Ensanche 21) a través del correspondiente ajuste presupuestario y empezar a notificar a los moradores ilegales el plazo máximo para abandonar los pisos, trámite que ya ha llevado a cabo el Consistorio, a la espera de alegaciones. Al culminar ese paso, si los okupas se niegan a marcharse, se procederá al desalojo forzoso.

Tras la presentación por parte de la presidenta de Ensanche 21, la jeltzale Ana Oregi, de las cuatro opciones para el solar que quede libre en Olárizu, el consejo acordó que tras el derribo «se analicen las propuestas de ordenación que posibiliten recuperar el capital invertido» y «que éste revierta» al ente municipal. El propio alcalde, Gorka Urtaran, ya afirmó que los bloques «costaron 20 millones a los vitorianos y estamos recuperando un bien público». El siguiente paso será desarrollar un proyecto urbanístico «atractivo» que remate la zona. «Ya se verá el modelo», dijo.

Ante la opción de levantar 356 viviendas para compra, desvelada por EH Bildu, su edil Félix González censura que el informe demuestra que «la rehabilitación sí es posible», y critica que no se apueste por la vivienda de alquiler social, opción «claramente» más demandada en Vitoria. Por su parte, el PP urge al gobierno a derribar los inmuebles antes de estudiar el futuro. «No elucubren sobre el mañana cuando no tienen resuelto el hoy. Echen ya a los okupas y derriben las viviendas con urgencia», pide Miguel Garnica.