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El plan que llevará a cerca de 25.000 nuevos vecinos a Salburua y Zabalgana en las próximas décadas dio ayer un paso definitivo para su puesta en marcha. Aunque la culminación de los casi 10.000 pisos 'extra' que se levantarán en ... trece sectores del este y oeste de la ciudad será lenta, el Gabinete Urtaran y los constructores firmaron ayer el documento que lo pone en marcha: un acuerdo para crear el órgano que asumirá las obras de urbanización previas a la edificación. Según la nueva hoja de ruta del equipo de gobierno, los proyectos comenzarán a redactarse a partir del próximo año.
El plan, adelantado hace poco más de un año por EL CORREO, persigue ganar densidad poblacional en los 'nuevos' barrios y dar solución a las denominadas zonas inconexas, como Arkaiate y Larrein, mucho después de su creación. La labor de costura que persigue el Ayuntamiento llevará años, y tampoco se traduciría en teoría como un éxodo de vecinos del centro u otros núcleos hacia las nuevas viviendas, ya que está planteada como un proceso de crecimiento a largo plazo.
La redensificación y reparcelación de Salburua y Zabalgana, que fue calificada en su día por el alcalde como «la mayor operación urbanística de la última década», contará con una mayoría considerable de viviendas de titularidad pública. En concreto, contempla la construcción de unos 6.500 pisos de VPO sobre un total de 9.750. Es decir, poco más de 3.000 viviendas serán libres. Se supone que la actuación pública irá encaminada hacia el alquiler protegido.
La intervención afectará a cerca de 2 millones de metros cuadrados que hoy se encuentran sin urbanizar, para consolidar el crecimiento de la ciudad tras el último ensanche vitoriano. «Buscamos evitar el consumo injustificado de suelo, hacer crecer la ciudad hacia dentro, hacerla más compacta y sostenible y así mejorar también la eficiencia de los servicios públicos al generar masa crítica de población», aseguró ayer Urtaran, que asistió a la firma acompañado de varios representantes de su gobierno, el gerente de Ensanche 21, Jorge Orcariz, y cinco propietarios en representación de los cerca de 200 afectados. La creación de la Junta de Concertación Única, el órgano que asumirá las próximas actuaciones urbanísticas, supone una especie de lanzamiento del proyecto, cuya aprobación inicial se remonta al 2016.
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