Vitoria permitirá al Palacio de Justicia levantar tres plantas más para evitar una segunda sede

El informe de respuesta a las alegaciones, que no es vinculante pero servirá de base para le decisión definitiva del Ayuntamiento, considera viable esta opción al tomar como referencia los edificios de su entorno, que son de mayor altura. De esta forma, el equipo redactor del Plan General (formado por la unión de empresas Trion, Usandizaga y Ekain) considera que el inmueble se integraría sin grandes problemas. La principal condición que sugiere pasa por «retranquear el ático». Es decir, que la última planta no sobresalga en exceso. El objetivo que busca esta medida es «minimizar la sombra de los edificios colindantes y su impacto visual desde la calle».

La solución responde a la necesidad del departamento de Justicia del Gobierno vasco de ampliar sus instalaciones. El área que encabeza la consejera Nerea Melgosa trasladó a mediados de mayo una serie de necesidades al Ayuntamiento de Vitoria de cara al nuevo Plan General. A «corto plazo», el departamento apuesta por la compra o adecuación de locales de oficina cercanos en la zona de Aranzabal, como ha hecho, por ejemplo, con Gestión de Penas y otros servicios «ajenos a los órganos judiciales».

Pero incluso con esa especie de ampliación por capítulos, que ya está en marcha, Justicia le informó al Ayuntamiento de la necesidad de construir una segunda sede en Vitoria. En concreto, señalaba que en menos de nueve años necesitará un segundo inmueble, de unos 12.000 metros cuadrados, en terrenos próximos al actual Palacio de Justicia. Y, en caso de no encontrar un solar, planteaba la compra y rehabilitación de otro edificio en venta, con una superficie mínima de 6.000 metros. En este sentido, cabe destacar que el Gobierno vasco no llega a proponer de forma explícita en su escrito una posible ampliación del propio edificio, característico por su exterior acristalado. En cualquier caso, se trata de unas necesidades considerables, ya que la sede actual cuenta con 27.326 metros cuadrados en total.

El equipo redactor del Plan General, sin embargo, opta por priorizar la permanencia de los juzgados en un mismo edificio, en lugar de dividirlo en dos espacios. Eso sí, la propuesta de los especialistas no cierra la puerta de manera automática a una posible segunda sede. De hecho, abogan por esta ampliación con la única intención de «atender a las necesidades de ampliación manifestadas por Justicia» y ante la «escasa concreción en la determinación del solar o el edificio requerido» para ello.

Para que la ampliación del Palacio de Justicia se convierta en realidad, necesitará el visto bueno de los técnicos municipales y el respaldo de la mayoría del Pleno en la aprobación definitiva del Plan General. El proyecto se desarrollaría a través de un Plan Especial de la manzana, para incrementar la capacidad edificatoria de la parcela. Eso sí, necesitará un estudio profundo para adecuar el edificio actual a su futura imagen y estructura.

El inmueble, diseñado por los arquitectos Aspiazu Iza -ya fallecido- y Botella Astorqui, se inauguró en verano de 1994 y ha crecido con gran rapidez en los últimos años. El ritmo que ha experimentado, de hecho, lleva al departamento de Justicia a calcular que la capacidad de la actual sede «se agotará en tres años». En este sentido, Lakua recuerda que el ritmo de crecimiento de los juzgados a nivel autonómico es de dos juzgados al año repartidos entre las tres capitales vascas. De hecho, tras la reciente puesta en marcha del juzgado Contencioso-Administrativo número 4, el Gobierno vasco subraya que «sólo dispone de capacidad para un juzgado más» en sus instalaciones.

A punto de cumplir las tres décadas de actividad en su actual ubicación (antes se encontraba en la calle Olaguíbel), el Palacio de Justicia ha superado con creces el millón de asuntos tratados, a un ritmo cercano a las 3.000 sentencias o autos al mes. Sin embargo, el elevado número de nuevos casos y, en menor medida, el tapón que provocó la pandemia en 2020 han llevado al Gobierno vasco a ver indispensable un aumento de personal y de juzgados, con el objetivo de tratar de agilizar los plazos en sus resoluciones.