Vitoria pedirá este año al Gobierno vasco limitar el precio del alquiler

En la capital alavesa, la práctica totalidad del término municipal cumple con los parámetros exigidos por el Ejecutivo autonómico. El compromiso adquirido este viernes establece que el Consistorio realizará la solicitud a lo largo de 2024, y que realizará un plan de acción hasta 2027 para tratar de revertir la tendencia y equilibrar la oferta y la demanda con esta limitación del precio durante tres años.

El equipo de gobierno (PSE-PNV) ya se había mostrado favorable a cursar la petición al Gobierno vasco desde que éste publicó en diciembre los municipios que podrían acogerse a la figura de zona tensionada. Entre ellos se incluye el conjunto de Vitoria, a excepción de su zona rural, además de Alegría-Dulantzi. Sin embargo, ha sido este viernes cuando ha puesto negro sobre blanco su voluntad de trasladar la solicitud al Gobierno vasco al sumar una mayoría del Pleno con la formación soberanista. «No podemos quedarnos sin hacer nada pensando que el propio mercado va a arreglar la situación», ha explicado el concejal Unai Fernández de Betoño (EH Bildu).

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Iñigo Crespo

El Gobierno vasco sigue dos criterios para establecer las zonas potencialmente tensionadas. Por un lado, se encuentra la subida registrada en los alquileres en los últimos cinco años en la zona. Si es mayor al 17% (IPC más tres puntos), se pasa automáticamente a zona tensionada. Lo cumplen tanto los distritos seleccionados de Vitoria como Alegría en su totalidad. El segundo tiene relación con la renta media familiar. El coste de los alquileres y los suministros básicos deben superar en un 30% el dinero que ganan las unidades convivenciales. En este caso, sólo Alegría y los distritos vitorianos de Lovaina, Gazalbide, Txagorritxu, San Martín, Mendizorroza, Zabalgana y Ariznabarra quedarían fuera.

A partir de la elaboración del mapa, es el turno de los ayuntamientos para solicitar la declaración de zona tensionada, pero el de Vitoria ya ha dado su visto bueno. Una vez decidido dar el paso, la administración municipal debe incluir una memoria justificativa y un plan de acción a tres años. En este caso, hasta 2027. Ese documento debe incorporar más políticas orientadas a aliviar el mercado, como ayudas e incentivos fiscales para movilizar más pisos en alquiler, construcción de viviendas sociales... Sin estas iniciativas es imposible acceder a la categoría de área tensionada. Es decir, la contención de precios no es la única política a desarrollar que establece la Ley.

Tanto el equipo de gobierno (PSE-PNV) como EH Bildu han celebrado el acuerdo para obtener la declaración de zona tensionada, frente al rechazo del PP. La formación popular ha coincidido en que existe un «problema» con la vivienda en la capital alavesa, pero ha criticado esta posible solución. «Es una ley excesivamente intervencionista y populista. El sólo anuncio de la ley ha conllevado a que muchos pisos hayan salido del mercado y se hayan convertido en alquileres temporales», ha advertido la concejala Marta Alaña.

Por su lado, Elkarrekin Podemos, que se ha abstenido, ha lamentado la ausencia de un plazo más «ambicioso» (cuatro meses) para enviar la solicitud al Gobierno vasco. Tanto PSE como PNV han considerado «más razonable» estirarlo hasta final de año, aunque con el «compromiso» de realizarlo «a la mayor brevedad posible».