La Vitoria de las lonjas okupadas

La Vitoria de las lonjas okupadas lleva a Coronación, Adurza, Judimendi, Arana, Ariznabarra, Casco Viejo o Lakuabizkarra. En todas se cumple el mismo patrón. No hay luz, tampoco agua corriente. Hace un tiempo albergaron entidades bancarias, establecimientos hosteleros, comercios y hasta una tienda de ropa de segunda mano. Alguien pegó la patada y ahora dan cobijo a una población flotante indocumentada, sin conocimiento suficiente del idioma, carente de ingresos oficiales y con un futuro poco halagüeño. La rotación entre sus moradores es alta. Las broncas también. Sólo la mañana del jueves, este periódico presenció un par de enfrentamientos en los locales de Adurza y Arana.

«Por favor, ruego al Ayuntamiento de Vitoria que haga algo. Que piense en los vecinos que pagamos los impuestos y que votamos», reclama con gesto contrariado una mujer cuyo portal se ubica en la calle León, enfrente de un antiguo bar donde cohabitan «unos cinco jóvenes que no saben convivir». Las quejas ciudadanas se repiten en Bruno Villarreal y en Cruz Blanca especialmente.

Es habitual que efectivos uniformados de la Ertzaintza y la Policía Local acudan. A veces a mediar, otras muchas para buscar y detener. El presunto autor de la cuchillada de hace un par de sábados frente a la Jimmy Jazz vivía en la macrolonja que abrió sin éxito Koopera en Coronación. «Aquí hay gente buena pero también mala», se defiende un joven argelino de 18 años que llegó hace un mes. Cruzó el Mediterráneo «en una patera» junto a otras 14 personas. «Estuvimos 24 horas en el mar», acota. Su familia se endeudó -llegan a abonar hasta un máximo de 10.000 euros a las mafias- para que pudiera venir a España. Bueno, exactamente dice «a Vitoria».

Sorprende cómo han 'elegido' la capital alavesa. Arribaron vía Alicante, Murcia, Francia, el centro de internamiento para extranjeros de Madrid o directamente del norte de África. Admiten la existencia de un fuerte «boca a boca» sobre las bondades de nuestro sistema de cobertura social local, reforzado por vídeos en internet que ponderan la Green Capital. El problema llega cuando pisan esta tierra prometida.

Carecen de opciones reales de trabajar para convertirse en unos vitorianos más. Tampoco poseen cualificación profesional relevante. «Me gustaría poner una heladería», enfatiza Abd, uno de los veteranos en la lonja de Bruno Villarreal, la más poblada al alojar a 18 varones con edades comprendidas «entre los 18 y los 47 años». Dentro reposan diversas bicicletas y móviles a la vista. Comerciantes de la zona les acusan de «colarse para robar lo primero que pillan». Vecinos consultados también se declaran «hartos por los gritos y peleas».

Ellos niegan delito alguno. «Sólo queremos trabajar. Dónde sea», claman varios. Lo cierto es que entre ellos hay alguna cara conocida en los juzgados de la Avenida de Gasteiz. Destaca sin embargo un chaval bien vestido y con una carpeta de Paulo Freire, un centro educativo para adultos. «Aprendo castellano tres horas al día. Quiero un futuro aquí», notifica con una sonrisa que contagia. «Estoy aquí porque no puedo pagarme una habitación. Me ofrecieron una por 600 euros y sin padrón».

Muchos enseguida sacan el asunto del «padrón social». Lo otorga el Ayuntamiento a las personas 'sin techo'. Ya va por el medio millar de fichas. Es su puerta intermedia a las ayudas sociales. «Sí, pediremos la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) al cumplir tres años aquí», confiesan algunos después de varios minutos de charla. Otros bastante tienen con lograr alimento. «La Cruz Roja suele traernos comida», agradecen en la mayoría de estas estancias.

Un par de gatitos asoman la cabeza en una antigua sucursal de Adurza. Detrás sale un veinteañero con el look habitual: gorra, chándal y chanclas. Pese a que niega el paso accede a contar su caso particular. «Estuve en Zaballa por atentado a agente de la autoridad, luego me mandaron a un centro de expulsión de Madrid». Cumplió los 60 días reglados y le dejaron en libertad, un trámite habitual. Entonces volvió a Vitoria. «Llegué por primera vez hace diez años como 'mena'».

«Suelen estar bien aleccionados. El primer paso es pedir el padrón social a los tres meses y, si siguen fuera del sistema laboral como suele pasar, entonces solicitan la RGI», especifican medios internos de ONGs y de la Policía Nacional, competente en extranjería.

Su presencia incomoda a buena parte de sus compatriotas. Representantes de la comunidad magrebí local apostillan que «manchan nuestra reputación porque no hacen lo suficiente por integrarse. Cuando uno solo de ellos delinque no se da cuenta de que da combustible para el recelo de los vecinos y también para el racismo».