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El Gobierno municipal en minoría PSE-PNV pretende establecer un número máximo de pisos turísticos en el Casco Viejo para ponerles coto. La intención es hacerlo a través del Plan Especial de Rehabilitación Integrada (PERI) -el cual se espera que concluya a principios de 2025-, ... que ya marcaba como uno de sus pilares regular el despliegue de estos inmubles en la zona. La novedad, ahora, es que se planea poner una especie de barrera a su proliferación descontrolada, tomando como base lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Éste, en tramitación, ya los limita en exclusiva a la primera planta.
El Gabinete Etxebarria reforzará el control en este barrio porque es donde se concentran la mayoría de alojamientos de este tipo, seguido del Ensanche. El Ayuntamiento, que tiene contabilizadas en total 101 viviendas, ubica en ese área 25 recursos y una habitación, por los 18 y cinco estancias que tiene registradas en el centro.
Esos datos, que se extraen del Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi (REACTE), contrastan con los números más recientes que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), que eleva la cifra a 177. La diferencia entre ambos informes evidencia que una cuarta parte de los pisos turísticos que están en funcionamiento en la ciudad no cuentan con una licencia de actividad. De esta forma, el Consistorio debe atacar a distintos ámbitos para establecer medidas de contención efectivas. Pese a que algunos aspectos como la regulación de estas viviendas depende del Gobierno vasco, ayer el Gobierno local firmó un acuerdo con Elkarrekin Podemos para «prevenir» una multiplicación de los mismos.
Así, además de la norma específica que incluirán en el plan especial del barrio, se comprometieron a «facilitar la información que precisen las administraciones que ejercen funciones inspectoras para que puedan adoptar las medidas oportunas con los pisos turísticos irregulares».
«Que no exista un problema como tienen otras ciudades no quiere decir que no debamos dotarnos herramientas», subrayó el concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez (PSE). En la misma línea se pronunció la concejala Sonia Díaz de Corcuera (PNV), quien aseguró que «las dificultades para acceder a la vivienda son multifactoriales y no se deben reducir a los pisos turísticos, pero sí conviene estar atentos a lo que pasa en este sentido para no desbordarnos».
El PP votó en contra del pacto porque consideran que «no se va a traducir en nada nuevo». EH Bildu también lo hizo al tachar de poco «ambiciosa» la iniciativa. Ellos pedían «no permitir el uso turístico de edificios completos en el Casco Medieval», así como establecer un «límite máximo porcentual por barrios, teniendo en cuenta las características urbanísticas de cada uno de ellos». Por otra parte, solicitaron al secretario general un informe para que se revise la votación, ya que creen que se validó la decisión de un concejal que, según expusieron, no participó en la misma.
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