Vitoria extenderá el plan antipintadas a todos los barrios para borrar 2.700 grafitis

Tras realizar una campaña especial en Ariznabarra, donde se han eliminado pintadas de 696 paredes que se corresponden con 1.332 metros cuadrados, el Gabinete Etxebarria extenderá ahora su plan antipintadas a todos los barrios. Así, pretende eliminar las 2.747 pintadas que tiene contabilizadas la Oficina Virtual del Grafiti (OVG) en toda la capital alavesa. Aunque lo más probable es que la cifra real de los daños sea aún mayor, ya que algunos distritos como Goikolarra han sufrido durante las vacaciones navideñas la aparición de nuevos grafitis, tanto en el mobiliario urbano como en fincas vecinales, lo que les ha llevado a demandar un incremento de la vigilancia policial.

Por el momento, el Departamento de Limpieza, que dirige el socialista Pascual Borja (PSE), prevé gastar 89.980 euros en los próximos dos años (67.485 euros en este ejercicio y otros 22.495 en 2026) para asegurar la futura campaña de limpieza, cuyo contrato acaba de licitarse. Fuentes municipales no detallan qué barrios serán objeto de los que denominan «limpiezas tácticas», aunque indican que se hará un ránking de prioridad «en función de la cantidad de grafitis que soportan, del resultado del análisis de la base de datos existente y de la decisión de los servicios técnicos municipales».

Ahora bien, una vez se seleccione el ámbito de actuación, tendrán en cuenta las peticiones de saneamiento realizadas por los vecinos a través de la oficina virtual del grafiti, el canal de mensajería VGarbi y la web del buzón ciudadano. Precisamente, en este último portal se acumulan solicitudes que se extienden por toda la ciudad. Algunas de las más recientes se registran aún en Ariznabarra (Castillo de Lantarón), Lakua (Aramangelu, Voluntaria Entrega), Casco Viejo (Montehermoso, Iglesia de San Pedro, calle Chiquita), Zabalgana (Avenida de la Ilustración) o Ensanche (plaza Santa Bárbara), por poner algunos ejemplos.

En cualquiera de los puntos que finalmente se seleccionen, la empresa que cubra el servicio deberá informar a los residentes del local en el que se actúe de que comienzan las labores con una semana de antelación. Lo harán con un aviso en el portal de la comunidad. Por otra parte, si en un inmueble con actividad se considera que la superficie puede resultar dañada a consecuencia de los trabajos, pedirán la autorización del propietario o de la comunidad de vecinos.

Respecto a los plazos, el Consistorio establecerá unas fechas para cada zona y la firma adjudicataria tendrá un plazo máximo de una semana para eliminar la pintada vandálica. Y, en caso de que se detectase que en una de las paredes ya limpiadas ha aparecido un nuevo grafiti, «ésta deberá ser eliminada en el menor tiempo posible». En concreto, y de acuerdo con la información que se recoge en los pliegos del contrato, se estipula «un máximo de 48 horas desde la detección, con el objetivo de mantener la zona limpia y poder seguir avanzando».

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Con estos estrictos requisitos, el Gobierno municipal pretende conseguir un saneamiento «progresivo» de la ciudad en su conjunto; de ahí que no se haya contemplado la división por lotes para gestionar la 'caza' de las pintadas en los distintos distritos.

La empresa que gestione este proyecto también deberá realizar la valoración económica de la reparación del daño causado por los autores para que el Ayuntamiento lo incluya en el expediente sancionador de cada uno de los grafiteros.

Desde que existe la oficina municipal virtual del grafiti se ha localizado 'in franganti' –con el spray en la mano– a 19 autores. De ellos, siete (muchos menores de edad) han aceptado acogerse a medidas de reparación, lo que supone ayudar a limpiar lo manchado, comprometerse a no hacerlo más y, en algún caso, participar en charlas de concienciación. El resto se enfrenta a sanciones de hasta 1.500 euros. En 2023 se abrieron cuatro expedientes y las multas sumaron 4.200 euros.