Vitoria ensaya una nueva política de murales con el blindaje del Casco y del centro

La decisión, inédita, llega meses después de que artistas y arquitectos cuestionaran abiertamente el modo con el que hasta entonces se venía gestionando la proliferación, a su juicio «descontrolada», de pinturas en distintas medianeras de la ciudad, muy en especial en la almendra medieval. El debate, que pronto tornó en polémica, llevó a paralizar una obra proyectada en un edificio de la Avenida. Todos los grupos de la oposición –a excepción de la extinta Irabazi– evidenciaron entonces la necesidad de «revisar» el modelo. El Consistorio ha empezado a mover ficha.

La convocatoria para la realización de un nuevo mural a lo largo de 2020 que acaba de abrir el área municipal de Participación Ciudadana recoge dos novedades de calado. Por primera vez, se declaran tanto el Ensanche como el Casco Histórico 'zonas de exclusión' para la realización de la nueva obra. Además, la elección de la fachada deberá contar con un informe favorable de Urbanismo, un trámite que hasta ahora no era necesario. Estos nuevos criterios tienen en realidad mayor trascendencia de la que aparentan y han de interpretarse como el primer paso hacia un cambio mucho más profundo de las políticas de muralismo público de Vitoria.

En lo sustancial, el nuevo edil de Participación Ciudadana, el socialista Borja Rodríguez Ramajo, ha dado el plácet a los ajustes en la política de murales que ya deslizó su predecesora, Isabel Martínez. El pasado noviembre, la entonces titular del área explicó que reservaba un presupuesto de 30.000 euros para realizar una nueva obra que tendría el acoso escolar como temática. También anunció que se crearía un «grupo de trabajo interdepartamental», con la implicación de Urbanismo, para los nuevos proyectos.

Aquella declaración de intenciones ha cristalizado ahora con la implicación directa del área del departamento de Territorio y Acción por el Clima –pilotado por la jeltzale Ana Oregi, que ostenta las competencias de Urbanismo– en el proceso. En las bases del nuevo concurso se recoge que la fachada elegida para realizar la obra cuente con la autorización, previa y expresa, del departamento lo que, en la práctica, le otorga por primera vez capacidad de veto en la elección del emplazamiento de la nueva obra.

Con la necesidad de que Urbanismo tenga que dar luz verde a las nuevas ubicaciones, el Ayuntamiento busca «asegurar que no se trata de un edificio de especial catalogación, tal y como solicitaron algunos agentes». En efecto, esta siempre ha sido una de las principales exigencias de los arquitectos, sobre todo a raíz del polémico caso del mural fallido de Irantzu Lekue en la Avenida de Gasteiz el pasado mes de octubre.

La artista vitoriana se vio forzada entonces a renunciar a pintar una obra de 32 metros que le había sido adjudicada en una fachada que la delegación alavesa del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) calificó de «interés arquitectónico». La posterior oposición vecinal a la intervención artística terminó de dar la puntilla al proyecto y dejó al descubierto las costuras de un modelo que ahora el Ayuntamiento se dispone a modificar.

El concurso para ejecutar el mural que se se pintará a lo largo de 2020 es la primera decisión política del concejal socialista Borja Rodríguez Ramajo, convencido de que el proyecto de la Ciudad Pintada es un «win-win en todos los sentidos desde todos los aspectos, cultural y turístico». El edil, que confirmó en un comunicado que el muralismo «conserva su espíritu participativo», deslizó la idea de que las temáticas de los próximos murales que se adjudiquen «sean representativas de la ciudad»