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Vitoria ha dado por fin luz verde a uno de los convenios de vivienda protegida más ambiciosos. El Gobierno vasco y el Ayuntamiento han sellado este viernes el acuerdo para desarrollar y gestionar 960 VPO de alquiler en Salburua. En concreto, en nueve parcelas repartidas en Arkaiate y Larrein. La construcción y entrega de estos pisos será gradual y comenzará con 152 viviendas la próxima primavera. El resto se edificará de manera escalonada, con la previsión de que el último proyecto arranque en 2027.
Pese a que la firma se ha producido este viernes, el acuerdo colea desde hace más de una década y algunos de los edificios se encuentran en la fase de su obra. En concreto, hay 318 pisos en marcha en dos promociones distintas que forman parte del recién alcanzado acuerdo. El próximo paso será la creación de «cerca de 200 pisos» en un solo proyecto en Salburua. El plan se incluirá en las contrataciones del Gobierno vasco a lo largo de este año.
El acuerdo, presentado por el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, y la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria (PSE), se traduce en un «aumento exponencial» de la vivienda de alquiler de Vitoria. En concreto, de una «subida del 28%» de los 3,374 actuales a los 4.334 que pasará a tener cuando el convenio se ejecute en su totalidad. La inversión total rondará los 200 millones de euros. Al margen de estas cifras, Lakua gestiona otro medio millar de pisos de alquiler asequible a través de diferentes programas.
El pacto para la creación de casi mil nuevas viviendas de alquiler protegido ha sufrido numerosos bloqueos en los últimos años. Algunas de las parcelas contempladas estuvieron afectadas por el plan de redensificación de Salburua y Zabalgana y las institución tuvieron que buscar nuevas ubicaciones. Después, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento negociaron durante más de un año la posible bonificación en el impuesto de construcciones (ICIO), que finalmente se ha cerrado en un 95%.
El último obstáculo fue la cesión de 62 viviendas municipales para su rehabilitación e incorporación en el sistema de alquiler social. El acuerdo recién firmado señala que en un plazo de seis meses se realizará un análisis de viabilidad sobre una quincena de viviendas para su posible rehabilitación, mientras que el resto de pisos se analizará en próximas fases. En cualquier caso, el consejero de Vivienda ha enfatizado que «las reglas del juego» serán inamovibles. «El Gobierno vasco puede hacer un esfuerzo de rehabilitación pero tiene que ser titular del patrimonio», ha subrayado. Es decir, que Lakua pase a ser propietario de las viviendas para invertir en su reforma.
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