Los vecinos de Santo Domingo vuelven a iniciar su demanda tras siete años del desalojo de sus casas

El último movimiento, según han anunciado los propietarios, es que el Gabinete Etxebarria ha desestimado la declaración del estado de ruina económica que los afectados solicitaron en un inicio porque «el proyecto de obra presentado está desactualizado». Realizado en 2017, ese informe cifraba el coste de la reforma en «400.00 euros». «Ahora rondará el medio millón de euros por el incremento de precios y el deterioro continuado del edificio», han calculado, a la par que han señalado que ese edificio está parcialmente okupado.

Ese presupuesto detallado se concretará en los próximos meses, después de la visita de un arquitecto al inmueble. Con ese estudio actualizado, iniciarán de nuevo los trámites para poder optar a esa condición administrativa que se concede cuando la reforma es superior al 50% del valor catastral. «Es la única salida que vemos, aunque sea desesperada, porque desenquistaría el problema», han expresado parte de las familias junto a portavoces de la asociación de vecinos del Casco Viejo.

Fuentes municipales apuntan que «se está elaborando un informe para determinar el estado real de la estructura del edificio», tras una reciente visita a la zona de arquitectas municipales y varios miembros del cuerpo de Bomberos. Respecto a la posible okupación, detallan que «el 18 de octubre se personó una patrulla de la Policía Local y procedieron a soldar el cierre. No fue un desalojo. Después de esa fecha, no se tiene constancia de entradas en el eficio», matizan.

Con todo, la demora en soluciones efectivas exacerba aún más el desánimo de los vecinos, que ya esperaron «15 meses» a una respuesta del Consistorio y se reunieron hace una semana con el departamento de Urbanismo, liderado por el edil socialista Borja Rodríguez, sin lograr avances. «El Ayuntamiento se pone a trabajar a ralentí mientras nuestras vidas continúan, el ritmo que nos imponen es inasumible», denunciaron. «¿Cuánto hay que esperar para posibles ayudas de rehabilitación venidas de Europa? ¿Y para que el próximo PERI nos dé una opción?», cuestionaron.

La mayoría de afectados están realojados en instalaciones municipales, aunque hay familias a las que «no les ofrecieron nada» y ahora deben cumplir «con una hipoteca y un alquiler». También han reclamado que ellos «no son una excepcionalidad», si no que son un «claro ejemplo de la situación que atraviesan las viviendas en el Casco Viejo». «El equipo de Gobierno es cosciente de de la realidad social del barrio y de la imposibilidad de asumir por parte de los vecinos el coste que supone rehabilitar sus viviendas», han reclamado. Cabe recordar en este sentido que sólo en esta calle la mitad de los edificios se encuentra en estado «regular, malo o ruinoso».