Los vecinos legales de Olárizu denuncian nuevos conflictos y la llegada de más okupas

Uno de esos nuevos okupas necesitó atención médica el sábado. Presuntamente le atacaron inquilinos ilegales ya asentados y disconformes con su llegada. Hasta cuatro dotaciones de la Ertzaintza y una ambulancia se desplazaron al lugar. «Los agentes entraron a uno de los portales con escudos», refieren testigos consultados por este periódico.

La semana pasada finalizó el último plazo conocido dado por el Gabinete Urtaran para que los okupas abandonen voluntariamente el enclave. Según los vecinos legales, que los sufren desde los edificios de enfrente, «muy pocos se han ido por propia voluntad y encima se permite que lleguen nuevos».

Se supone que el Ayuntamiento deberá volver a recurrir a la Justicia ordinaria para lograr el control de estos bloques de titularidad municipal, y que cuentan con okupas desde 2014.

«Esto es deprimente. Nos sentimos desprotegidos. Las broncas siguen y nadie hace nada», claman los vecinos legales. Este colectivo lleva años denunciando amenazas en su contra de las personas que residen enfrente. También hablan de peleas, ruidos, delincuencia e inseguridad.

En las últimas semanas han llegado a grabar en varias ocasiones a los okupas cuando se dedicaban a expoliar lo poco que queda en esos bloques. Algunos incluso se encaramaban al tejado para colarse en los portales tapiados por orden del Consistorio vitoriano.

Por otra parte, la asociación Okupatu Zure Bizitza emitió un comunicado ayer, lunes, en el que habló por los okupas de Olárizu. «Los vecinos y vecinas de Olárizu piden apoyo al pueblo vitoriano, con el fin de que entienda la situación y se hagan valer los derechos humanos. No sólo en el barrio de Olárizu, sino también en todos los barrios de esta ciudad llamada Vitoria».

La iniciativa por el derecho a techo y contra la exclusión social de Gasteiz agregó que «el Ayuntamiento de Vitoria les obliga a abandonar de manera voluntaria, los que hasta el momento han sido sus hogares y lo hacen bajo la advertencia de un lanzamiento forzoso avalado por la ley, según dictan en las notificaciones que han recibido».

Acusan además al Gabinete Urtaran de no ofrecerles alternativas habitacionales. «Viendo las pocas alternativas viables que ha otorgado el Ayuntamiento y las constantes amenazas de desalojo, algunas familias se han visto obligadas una vez más a okupar otra vivienda, no les ha quedado otra opción. O la okupación o la calle».