En las vecinas Burgos y La Rioja más del 90% de consultas se atienden sin hora

Estos altos porcentajes –que se dan también, por ejemplo, en Galicia, Aragón, Ibiza o Cantabria– tienen sentido porque responden al hecho de que, tras el coronavirus, muchas administraciones pusieron pronto fin la cita previa obligatoria. En el caso de los riojanos, la medida se impulsó en septiembre de 2023, cuando se estableció que la cita previa «no tenía carácter exclusivo», aunque «sí permanecía como procedimiento preferente». Para los burgaleses el fin de esa obligatoriedad llegó un par de meses más tarde, aunque sólo se tomó la decisión de que la atención presencial sin cita se diera de lunes a jueves para que la demanda se fuera redistribuyendo.

Esta iniciativa ya la habían tomado antes Extremadura o Galicia, donde su presidente consideró que contenido el covid «no tenía sentido» mantener esas limitaciones a la ciudadanía para el acceso a los servicios públicos. Y también, Asturias, donde se aprobó por unanimidad una moción para eliminar la cita previa al considerarla un «obstáculo que las administraciones están interponiendo entre sí mismas y la ciudadanía».

Con todo, la Organización de Consumidores (OCU) reivindica las demoras que sufren los usuarios cuando necesitan la reserva para determinados trámites. Así, marcan que obtener cita previa en la Dirección General de Tráfico (DGT) es el trámite administrativo más complicado de conseguir en España. Aunque califican de «más preocupante» los retrasos del SEPE para tramitar el subsidio del paro, pues los solicitantes solo tienen quince días para pedirlo cuando agotan la prestación de desempleo y pueden estar durante ese tiempo sin percibir ingresos. E, igualmente, guardan espacio a los retrasos de la Seguridad Social en tramitar las jubilaciones, algo que también afectó a Álava al carecer de personal.