La valoración de la discapacidad se atasca en Álava con siete meses y medio de espera

El Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) recibió 6.783 solicitudes en 2024 para someterse a una valoración de la discapacidad -esto supone 18 al día- y, según los datos aportados al grupo juntero de EH Bildu a los que ha tenido acceso EL CORREO, el plazo medio para recibir una respuesta sigue estancado en 7,46 meses. Para comprender en qué medida se han disparado esas cifras, la espera rondaba los 114 días hasta el cambio de criterio del Ministerio de Derechos Sociales, es decir, la mitad de lo actual.

Un atasco en el que confluyen varios aspectos. Por un lado, se observa que las valoraciones de la discapacidad se han disparado un 81% desde la pandemia en el territorio por un notable aumento de los trastornos adaptativos, entre los que destaca el autismo; el envejecimiento global de la población y el adiós a ese tabú que existía en el pasado de reconocer las limitaciones que uno arrastra.

Por otra parte, se encuentran muchas personas con un porcentaje reconocido que quieren saber si con la nueva calificación pueden darle una puntuación más alta, lo que en muchos casos les serviría para acceder a más beneficios o ayudas de la administración. Una 'creencia' sin base lógica, pues se ha observado que en la mayoría de las ocasiones no existe un gran cambio en el resultado de la evaluación y hay casos en los que incluso han salido perjudicados.

El colectivo de personas con discapacidad incluye actualmente a 25.058 alaveses. Para obtener ese reconocimiento tienen que someterse a una serie de evaluaciones que el Ministerio quiso modificar en 2023 -con Jone Belarra al frente- para que fuesen más justas y que finalmente han resultado ser excesivamente complejas de aplicar. Ese grado que se asigna se consigue tras cruzar cuatro baremos: uno global de la deficiencia de la persona, otro que analiza las limitaciones en la actividad, el siguiente sobre la restricción en la participación del demandante y el último que se dedica a examinar los factores contextuales y las barreras ambientales. Tal es el caos que ha generado en todas las comunidades autónomas, que la cartera que ahora dirige Pablo Bustinduy se ha abierto a tratar de simplificar el sistema.

De forma paralela, la Diputación diseñó una especie de 'hoja de ruta' para acelerar el proceso. Se da prioridad a quienes acuden por primera vez o han visto cómo se les ha 'caducado' la anterior. También se han establecido una serie de 'pasarelas' para que las personas mayores con dependencias de tipo II (severa) y III (pérdida total de la autonomía física) se les aplique una fórmula teniendo en cuenta su edad y la última valoración de la dependencia.

Desde un primer momento, el Departamento foral de Políticas Sociales aumentó de tres a cuatro los equipos de evaluación compuestos por médico, psicóloga, trabajadora social y administrativo de apoyo, e incluso estableció una oficina 'ad hoc' en la esquina entre las calles Beato Tomás de Zumárraga y Domingo Beltrán. A raíz del acuerdo presupuestario de 2025, y al hilo de las demandas transmitidas por las familias y los profesionales, EH Bildu logró el compromiso gubernamental para establecer un equipo multidisciplinar de valoración que podría atender casos de dependencia, discapacidad y atención temprana, según la urgencia que haya en cada momento.