«Urtaran nos ha tomado el pelo con los okupas», claman los vecinos legales de Olárizu

«Este proceso interminable de desalojo sólo puede calificarse como una auténtica tomadura de pelo, que es lo que ha hecho el alcalde Gorka Urtaran con nosotros que, por cierto, pagamos religiosamente todos nuestros impuestos», clamaron ayer estos residentes legales, quienes viven en los portales impares de esta calle de Adurza.

El 20 de octubre del año pasado, el gabinete Urtaran anunció que daría «ocho días» a los okupas para irse voluntariamente. Cinco meses después, y tras rechazar 26 recursos presentados por los residentes ilegales, el alcalde de Vitoria informó el viernes de un nuevo ultimátum. Éste de diez días. «Primero dijeron que darían 8 días a los okupas para el desalojo voluntario. Ahora, un montón de tiempo después, les dan otros diez extra. Mientras tanto los okupas han vendido la moto en entrevistas concedidas de que los iban a echar de allí de manera inmediata, algo que no se ajustaba a la realidad».

Esta nueva prórroga del equipo de gobierno tampoco significará un desalojo inmediato a su conclusión. Todo apunta que habrá una nueva batalla legal en los tribunales, que ya tiraron de las orejas al Consistorio en la primavera de 2019 por pedir el desalojo por un lado y darles cobertura –como el empadronamiento en la capital alavesa– por otro. «Por fin el Ayuntamiento admite públicamente que el desalojo sólo podrá hacerse con una orden judicial. Lo único que está haciendo este Ayuntamiento es alargar los plazos y permitir que los okupas sigan en Olárizu», abundan desde los portales pares.

«Exigimos que adjudiquen ya el derribo y se ejecute. La mesa de contratación tiene las ofertas en la mesa desde diciembre de 2020 », aseguran los residentes legales. «El día 28 se cumplirán dos años desde que nos reunimos con el alcalde, y las dos semanas que nos prometió que se resolvería esta problemática ya van para dos años».

De manera paralela, el viernes y ayer sábado, agentes uniformados de la Policía Local se pasaron por los bloques okupados de la Avenida de Olárizu para tratar de notificar a los residentes ilegales de la orden de abandonar voluntariamente esas viviendas en un plazo máximo de diez días.