El Ayuntamiento de Vitoria ha suspendido de oficio este martes la adjudicación de las obras de la Ronda Sur, cuyo inicio estaba previsto para esta misma semana. Lo ha hecho a través de un recurso de alzada contra la decisión de la junta de ... propietarios de Uleta, que encargó los trabajos para rematar los túneles de Armentia el pasado 23 de febrero. Se trata de una primera fase previa a la construcción de 294 viviendas, que fue aprobada en 2009 y que apenas ha registrado avances desde entonces. El Gabinete Urtaran fundamenta la decisión en que llevar a cabo esta urbanización «podría causar perjuicios medioambientales de imposible o difícil reparación».
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El recurso interpuesto por el Ayuntamiento vitoriano persigue la paralización de los trabajos, al menos hasta que se conozca el resultado del recurso o exista una resolución judicial, con el objetivo de que los terrenos no sean urbanizados. O, lo que es lo mismo, preparados para la construcción de viviendas. Y es que, una vez dado ese paso, el Consistorio no podría revertir la situación para convertirlos en terrenos agrarios, tal y como busca a través de la revisión del Plan General.
El documento urbanístico de mayor rango persigue desclasificar (para que no se construyan viviendas) una serie de suelos. En concreto, los que tienen proyecto de construcción pero que todavía no han comenzado. Entre ellos destaca Uleta por su atractivo en el mercado inmobiliario, ya que se sitúa entre el alto de Uleta y la carretera de Lasarte. Los propietarios reactivaron el proyecto hace algo menos de un año, poco después de que el Gabinete Urtaran diera a conocer sus objetivos urbanísticos, tras doce años paralizado. El Ayuntamiento, en este sentido, cree que el desarrollo de ese proyecto iría en contra del criterio de no expandir más la ciudad.
En este aspecto también incide la decisión adoptada por el Ayuntamiento este martes. «El proyecto de urbanización del sector 17 se aprobó el 3 de julio de 2009 y desde esa fecha no se ha llevado a cabo ninguna actuación urbanizadora del sector, por lo que no es predecible que la suspensión durante un plazo mucho más breve que aquel pudiera originar consecuencias significativas para los intereses privados», señala el acuerdo adoptado por el equipo de gobierno (PNV-PSE).
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El Ayuntamiento considera que urbanizar la trasera de la residencia Etxebidea y culminar la fallida Ronda Sur «podría causar perjuicios medioambientales de imposible o difícil reparación». En caso de que el recién presentado recurso fuera estimado una vez iniciadas las obras, «deshacer la urbanización y restituir la parcela a su estado originario causaría un gran perjuicio, con unos resultados potencialmente imposibles o muy difíciles de reparar en términos técnicos, ligados a un coste económico desproporcionado, además de un notorio impacto ambiental». Además, en caso de que se acumularan nuevas actuaciones por parte de los promotores, podría derivar en mayores indemnizaciones en el futuro.
Los propietarios y el Ayuntamiento de Vitoria mantienen un pulso que se encuentra ya en el punto crítico, y cuya solución no parece inminente. Por un lado, los promotores consideran que el remate de la Ronda Sur sigue vigente porque cuenta con la aprobación del proyecto de urbanización en 2009, lo que a su juicio funciona a modo de licencia de construcción. Por otro, el Consistorio asegura que llevar a cabo esa obra de forma parcial (el vial por un lado y el resto por otro) es «ilegal», y que «los plazos están vencidos». El Gabinete Urtaran suspendió de forma reciente el otorgamiento de nuevas licencias en 25 zonas de la ciudad, incluido Uleta, pero los dueños sostienen que no afecta a la Ronda Sur porque no se trata de un permiso nuevo. Todo apunta, además, a que la carrera derive en una larga batalla judicial.
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En ese escenario se enmarca la recién tomada decisión del Ayuntamiento, que busca ganar tiempo para paralizar una obra inminente y conocer las posibles indemnizaciones. En este sentido, el Gabinete Urtaran ha solicitado un informe jurídico-urbanístico para «conocer los derechos de los propietarios», antes de llevar a cabo la desclasificación del sector 17. El alcalde, en este sentido, se ha decantado en más de una ocasión por la solución de las permutas; es decir, trasladar los derechos de construcción a otras zonas de la ciudad.
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