Urtaran garantiza que derribará los bloques okupados de Olárizu

En la carta, a lo largo de catorce puntos, Urtaran da su visión sobre esta problemática y el futuro derribo, del que su equipo de gobierno ha ido fijando sucesivos plazos siempre incumplidos. Su última intención es llevarlo a cabo este año, pero Urtaran no obvia que está en manos de que se produzca la resolución judicial que autorice el desalojo.

La realidad indica que, tras la negativa de buena parte de los okupas a irse voluntariamente, el Ayuntamiento deberá volver a los juzgados. No da pistas en su carta sobre la instancia a la que recurrirá. La penal está vetada desde que en marzo de 2019 la Audiencia Provincial de Álava afeara al Ayuntamiento por empadronar primero y pedir el desalojo después para los okupas. Aquel fallo, firmado por Jaime Tapia, «sentó jurisprudencia». El alcalde admite en su carta que ese órgano «desaconsejó la utilización de la vía judicial penal».

El caso es que cuando expiren los plazos legales para la marcha voluntaria de los residentes ilegales, el gabinete Urtaran «remitirá todo el expediente a la autoridad judicial». Se desconoce cuándo llegarán las primeras resoluciones. O qué ocurrirá con los últimos okupas detectados o los nuevos que lleguen entre tanto. El alcalde sí garantiza que «la adjudicación a una empresa de esta demolición la culminaremos próximamente». El inicio de ese proceso administrativo data del 10 de noviembre del año pasado.

Sus explicaciones han tenido una acogida tibia en los portales impares de Avenida de Olárizu. «El alcalde no hizo nada en su anterior legislatura y ahora quiere descargar la culpa en los jueces. Es su responsabilidad, no sirve pasar la patata caliente», argumenta una vecina. «Si empezara con el derribo parcial (hay varios portales tapiados y sin personas viviendo), comenzaríamos a creerle. La realidad es que ya no tenemos fe en sus palabras», señala otra propietaria. «Cuanto más tiempo pase, más okupaciones llegarán», alerta otro afectado.

El envío, que justifica Urtaran para que los vecinos reciban «toda la información veraz y de mi puño y letra», ha sentado como un nuevo jarro de agua fría entre los vecinos legales. Estos denuncian que, pese al ultimátum municipal a los okupas, «han llegado nuevos y estamos viendo trapichear otra vez». A lo largo de los últimos siete años han relatado innumerables episodios de «amenazas hacia nosotros, trifulcas entre ellos, aparte de que han expoliado esas viviendas», de titularidad municipal. Esta calle lidera las actuaciones policiales en Vitoria.