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La Avenida de Olárizu dejó este martes de tener dos caras. Los últimos okupas de la calle que recibe el nombre de uno de los enclaves naturales más emblemáticos de la ciudad abandonaron los polémicos bloques sin incidentes, pero ante una fuerte ... presencia policial. Lo hicieron en cuestión de un par de horas, sin sobresaltos, con un continuo trajín de maletas, colchones, prendas, enseres y hasta algún electrodoméstico de gran tamaño, como un frigorífico. Fueron apenas media docena los más reacios a dejar atrás los años de usurpación en los pisos de propiedad municipal. Pero eran conscientes de que tenían fecha de caducidad desde el mismo momento en que el Ayuntamiento les advirtió de su «inminente» desalojo, después de que el indispensable respaldo de la Justicia le permitiera recuperar los bloques tras siete años de okupación y convivencia indeseada con los vecinos legítimos.
7 años han permanecido okupados los bloques de la Avenida de Olárizu. En ese tiempo, los vecinos legítimos denunciaron «amenazas» y percibieron «peligrosidad» en el barrio.
El cambio de estrategia da fruto El equipo de gobierno (PNV-PSE) halló la fórmula que le ha permitido recuperar los bloques a principios del pasado año. Tras un acuerdo con el PP logró devolver la titularidad al Ayuntamiento y comenzar un proceso judicial con garantías.
14 portales serán demolidos en los próximos cinco meses. Aunque la presencia de los okupas era ya casi simbólica en los últimos días, el derribo se realizará de una sola vez.
Inseguridad Los vecinos legítimos denunciaron «amenazas» en multitud de ocasiones.
El día D se había anunciado tantas veces que la mayoría de los moradores ilegales había realizado su traslado a los servicios sociales municipales y los pabellones abandonados cercanos (tras ser rechazados en Errekaleor) en los días previos. De hecho, la inmensa mayoría de las 25 viviendas okupadas que se incluían en el expediente que se entregó en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria tan sólo contenían eco. No obstante, el Ayuntamiento, la Policía Local y la Ertzaintza desplegaron un amplio dispositivo conjunto ante posibles okupaciones de última hora, resistencia o el apoyo de otros movimientos de okupación cercanos, que solo se acercaron a observar desde el cordón policial. Los agentes, acompañados de una comitiva del Ayuntamiento formada por miembros de Patrimonio y la asesoría jurídica, cortaron los accesos a la Avenida de Olárizu al filo de las 8.00 horas y mantuvieron una notable presencia policial hasta más de dos horas después.
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La intervención, realizada con normalidad, fue la antesala de un proceso de derribo que ya ha comenzado. No con la demolición completa de los bloques, que culminará en un plazo máximo de cinco meses, sino con las actuaciones previas, como la retirada de enseres, la detección de amianto y la inutilización de las viviendas, que son ya inhabitables. Esos pasos se han repetido por parte del Ayuntamiento de forma sistemática desde que cambió de estrategia para recuperar los bloques de Olárizu a principios de 2020.
Tras un revés que le cerró en 2019 la vía penal, Gabinete Urtaran halló entonces la figura jurídica que ha terminado por darle resultado y que aplicará en otros focos de okupación de Vitoria, como Errekaleor y el Casco Medieval, tal y como avanzó escasos minutos después de completar el desalojo. «Por fin hemos encontrado la fórmula con la que podemos recuperar unas viviendas que son de todos. Una vez que terminemos este proceso, iniciaremos otros. Vamos a seguir trasladando este modelo que funciona a otros puntos de la ciudad, especialmente en el Casco Medieval y posteriormente en Errekaleor», afirmó a EL CORREO el alcalde, quien hasta ahora mantenía un discurso mucho más contundente hacia Olárizu que hacia Errekaleor, donde la última intervención de su gobierno se remonta al corte de luz de 2017.
Urtaran, que resaltó haber «cumplido el compromiso» con los vecinos del entorno, aprovechó la ocasión para lanzar un alegato contra la okupación al asegurar que «ni es bienvenida, ni puede ser la solución». «Las personas en exclusión residencial deben ser atendidas por los servicios sociales municipales, pero en ningún caso debe ser una alternativa real en Vitoria», concluyó el regidor, que fue increpado por media docena de jóvenes antes de asistir a un acto en el centro cívico de Salburua.
La satisfacción, sin embargo, se extendió con rapidez a otros colectivos. El PP, que facilitó el acuerdo en Ensanche 21 para recuperar los pisos celebró el final del proceso, pero lamentó que se extendiera durante tanto tiempo. «Ya era hora. Llega tarde, pero es una gran noticia. Ahora lo que toca es hacer lo mismo en Errekaleor, que es el barrio okupa más grande de España», afirmaron desde el grupo popular. Los vecinos de los portales impares, que arrastraban «amenazas e inseguridad» en los últimos años, también hicieron suyo el hito. «Hemos vivido momentos muy duros, de gran impotencia. Este es un triunfo de la lucha vecinal, no de los políticos», reivindicaron.
Al otro lado de la calle, los últimos moradores se alejaron de las viviendas con cierta resignación y sin intención de enfrentarse al «desalojo forzoso» que desde ayer podían ejecutar la Ertzaintza y la Policía Local con el aval de la Justicia. «¿Para qué pelear?», se preguntaba Emilge, quien vivió los últimos meses del desalojo «con nervios, ansiedad y sin saber dónde ir». Este mismo martes, sin embargo, los servicios sociales municipales le ofrecieron una «alternativa para tener un techo» tras vivir durante «tres años» en el tercero derecha del número 24 de la Avenida de Olárizu, que en las próximas semanas se reducirá a escombros.
El derribo de los portales pares de la Avenida de Olárizu será una realidad para finales de año y el Ayuntamiento estudia nuevos proyectos para edificar en el barrio. «Una vez que concluya la demolición, vendrá la regeneración del espacio como estaba previsto», aseguró ayer el alcalde, Gorka Urtaran (PNV).
La principal apuesta de la Administración local pasa por la construcción de 356 pisos repartidos en cinco bloques. De ellos, cuatro edificios irían en régimen de vivienda tasada y el resto de protección oficial. De hecho, esta la alternativa es la única que la sociedad pública Ensanche 21 considera «viable» desde el punto de vista económico. A pesar de que durante el proceso de desalojo llegó a haber diferentes opciones sobre la mesa, como la rehabilitación de los pisos y el alquiler social, el Ayuntamiento priorizó la recuperación de los fondos con una nueva operación urbanística.
Esta propuesta, que todavía está por aprobarse y cuenta con las dudas de EH Bildu y Elkarrekin, que apostaban por la rehabilitación, casi triplicaría el número de pisos que alberga el solar, donde ahora existen 124 pisos. Según el informe adelantado en su día por este periódico, Ensanche 21 obtendría un pequeño balance positivo de casi 212.000 euros.
Ese es el resultado de un desglose de cifras que desarrolló en su día Ensanche 21, en el que se repasaban todas las inversiones y el gasto municipal en los polémicos bloques. En el capítulo de gastos incluye la adquisición de los viejos inmuebles, la demolición que es inminente, la nueva urbanización y la edificación de los pisos nuevos. En lo que se refiere a los ingresos, con la venta de los pisos se conseguirían 77,6 millones de euros. En este sentido, el entorno en el que todavía se encuentran los pisos recién desalojados es uno de los más cotizados en el mercado inmobiliario vitoriano.
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