Ultimátum a cuatro ayuntamientos alaveses para desatascar el parque eólico de Cantoblanco

Más allá de los informes medioambientales, la otra gran amenaza para que una central eólica se vaya al traste o se ralentice es la burocracia urbanística: hay que pedir puntos de conexión a la red eléctrica para verter la producción de los aerogeneradores, solicitar licencias de obras... y presentar un plan urbanístico que haga legal la infraestructura renovable. Ese último punto se complica cuando un parque ocupa suelo de varios municipios, porque entonces tiene que ser un ayuntamiento quien diseñe un plan para todas las localidades a las que implica el nuevo proyecto energético.

Y ese es también el escenario de Cantoblanco. La promoción de Euskal Haizie, con una potencia de 49,6 megavatios (MW) y una inversión de 69 millones, tiene que dar ahora con un consistorio que pilote el proceso para diseñar un plan especial que avale la instalación del parque de energía renovable.

La infraestructura entra en la jurisdicción de cuatro ayuntamientos: Vitoria, Iruña de Oca, Añana y Ribera Alta. Tiene carácter 'intermunicipal', lo que hace que los municipios citados tengan que pactar a la hora de trazar ese plan especial. Un consenso que no se ha alcanzado hasta la fecha y que ha obligado al Ejecutivo foral a lanzar un ultimátum. Euskal Haizie, la filial vasca de Fisterra Energy, decidió mover ficha en mayo y registrar un escrito en la Diputación de Álava pidiendo su intervención para atajar el problema.

La Diputación ha atendido a esa solicitud y, a través de una orden emitida por el Departamento de Medio Ambiente, ha concedido un plazo máximo de dos meses a los municipios para que pacten el plan especial del parque eólico. El procedimiento establece que una de las administraciones locales implicadas lo arbitre, aunque con el plácet previo de las otras tres. Si en los dos meses que han empezado ya a correr no se alcanza un acuerdo, será el Gobierno foral el que asuma el cometido y realice un compendio con los requerimientos urbanísticos que le señalen los distintos municipios.

La orden cuenta con una laguna legal que, sin embargo, históricamente se ha sorteado mediante la jurisprudencia. La ley del régimen de suelo y ordenación urbanística de 1998 sí recogía una disposición en la que cuando las tramitaciones eran supramunicipales recaían en manos de las diputaciones.

Sin embargo, la ley de suelos de 2006 no especificó esto, de modo que la cuestión quedaba en una suerte de 'tierra de nadie' jurídico-administrativa. No obstante, ese vacío legal ya se ha resuelto en otras ocasiones, como ordenaba la ley de 1998 con el aval de instancias como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o el Tribunal Supremo.