UAGA acusa a Solaria de trocear sus parques y la empresa replica que es para su viabilidad técnica

El sindicato se basa en varios aspectos que afectan a los parques Zierbena 2, 3 y 4. Una de las acusaciones se centra en que ninguno de esos proyectos supera los 50 megavatios (MW), una barrera que provoca que sea Lakua quien se ocupe de los controles y no el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Consideran que se está «fraccionando» un plan de un mismo grupo empresarial «para no tener que sopesar los efectos acumulativos que podrían ocasionar en un territorio tan pequeño».

Un extremo que Solaria niega en rotundo. «Cada proyecto es independiente técnicamente, pero se evalúan de forma conjunta desde el punto de vista medioambiental. Por eso hay todas las garantías. La tramitación es idéntica tanto por la comunidad como por el Gobierno central», responden sus portavoces y explican que en el caso de que hubiese sido a través del Ministerio también se necesitaría un «informe ambiental vinculante de la comunidad».

Mientras la compañía defiende que el itinerario «es fruto de las restricciones fijadas por el operador de la red que obligan a evacuar su energía en Bizkaia», UAGA denuncia que este tendido funcionaría más bien como una «línea de transporte» que por «sus dimensiones y tensión» sólo podría «gestionar» Red Eléctrica, algo que para ellos deriva en un «fraude de ley». Además, defienden que los propósitos de la promotora «son incompatibles con el plan territorial sectorial agroforestal ya que todos los terrenos ocupados por plantas solares están clasificados con alto valor estratégico». En cualquier caso, la Diputación ha pedido «modificaciones sustanciales» en los planes de Solaria para que se ejecuten, aunque será el Gobierno vasco quien tramite la declaración definitiva de impacto ambiental.

Frente a las críticas, Solaria anunció ayer que «gracias a sus plantas fotovoltaicas» desembolsará un importe superior a 220 millones a los consistorios del territorio y «los municipios en Álava podrán invertir estos ingresos en las comunidades locales para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos». El miércoles ya habían comunicado que sus plantas van a aportar 1.350 millones a las arcas de la Diputación durante los treinta años de vida útil de estas instalaciones a través de distintos tributos.