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Jueves, 22 de noviembre 2018, 14:43
La Junta Administrativa de Trespuentes, perteneciente al municipio alavés de Iruña de Oca, ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Álava contra las empresas FCC y Tuboplast, propietarias de unos pabellones industriales en desuso que han sido ... saqueados por desconocidos y que han dejado materiales contaminantes esparcidos en la zona.
El presidente de esta Junta Administrativa, Davide di Paola, acusa a estas empresas de un delito contra la salud pública y el medio ambiente. En su denuncia explica que la actividad productiva en estos pabellones acabó definitivamente en 2011 y que ya en 2014 la Junta de Trespuentes denunció al Gobierno Vasco la «situación de abandono» en que se encontraban las instalaciones.
En 2017 volvió a denunciar ante el Ayuntamiento de Iruña de Oca el acceso de personas ajenas a la empresa y la aparición de jeringuillas en el exterior de los pabellones. Posteriormente este concejo alertó en numerosas ocasiones a la Ertzaintza y a FCC del constante allanamiento de las instalaciones por parte de desconocidos.
Durante varios meses los vecinos tuvieron que soportar ruidos a cualquier hora del día, así como «el constante tráfico de furgonetas de chatarreros» por las calles de la localidad, que saqueaban todo tipo de materiales, señala la denuncia. En mayo de este año se produjeron dos incendios «con la finalidad de destruir los pabellones y poder alcanzar las partes metálicas», que generaron una gran columna de humo negro.
A partir de ese momento fueron derribados uno tras otro todos los pabellones y estructuras para aprovechar sus partes metálicas y «toneladas de lana de roca, poliuretano y aislantes» quedaron esparcidos y fueron arrastrados por el viento a otras fincas cercanas y al monte público de Trespuentes.
Los intrusos continuaron derribando instalaciones con cubiertas de amianto, cuyos restos han quedado en el lugar y «hasta la fecha ni los propietarios, ni otras instituciones públicas con competencias al respecto como el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno Vasco han intervenido para requerir a los propietarios la retirada controlada de los materiales contaminantes», concluye esta denuncia.
La Junta de Trespuentes confía en que la Fiscalía «identifique a los responsables directos e indirectos de este despropósito», imponga la recuperación ambiental de las zonas afectadas y reconozca el perjuicio soportado por los vecinos de esta localidad a lo largo de estos años.
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